Colombia: un infierno para los líderes sociales y defensores de DD. HH.

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Foto en la red social X, de @CamiloRomero

Entre 2020 y 2023, el 67 % de los líderes que solicitaron protección al Estado no recibieron medidas de la UNP y fueron asesinados.

Desde el 20 de diciembre de 2023, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades y el portal de noticias Análisis Urbano presentaron un derecho de petición al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, con el fin de obtener información sobre los casos de personas defensoras de los Derechos Humanos que solicitaron medidas de protección a dicha entidad entre los años 2020 y 2023.

Las preguntas formuladas en el derecho de petición tenían como objetivo comprender la magnitud de los posibles obstáculos y omisiones por parte de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, quienes parecen no tener en cuenta los diversos factores que influyen en las realidades territoriales de las personas defensoras de derechos humanos.

Esto, de alguna manera, se convierte en el principal factor de riesgo para quienes defienden los Derechos Humanos en territorios donde el peligro es constante y se enfrentan a diversas situaciones que evidencian la necesidad de medidas eficaces y eficientes, basadas en las características tanto individuales como colectivas.

En este caso, la Unidad Nacional de Protección se ve señalada como una de las entidades cuya actuación resulta insuficiente en la salvaguarda de quienes enfrentan riesgos por su labor en favor de los derechos fundamentales.

Si bien la respuesta al derecho de petición se realizó después de haber agotado mecanismos jurídicos como los desacatos que logramos obtener por parte de la justicia, la respuesta realmente no cumplió con todas las expectativas.

Una de las respuestas indica una posible intención de desconocer el derecho a tener información sobre los elementos preguntados

a la UNP. Por ejemplo, mencionan que evidentemente en la respuesta del derecho de petición no se pudieron identificar algunas de esas personas líderes y lideresas asesinadas, ya que faltaba el número de identificación. Sin embargo, desde la corporación Corpades fuimos muy claros al mencionar el nombre de la víctima, la fecha, el departamento y la ciudad donde fueron asesinados.

Por lo tanto, creemos que la respuesta no satisface el derecho que tiene la ciudadanía a recibir información por parte de las autoridades.

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