Bogotá, 21 de abril de 2022.- Una jueza colombiana suspendió el primer piloto de fracking en Puerto Wilches, en el departamento de Santander (este), porque no hubo consulta previa con las comunidades que habitan la región donde se va a ejecutar el proyecto, como lo prevén las normas vigentes, informaron este jueves fuentes judiciales.
En su decisión, la togada aseguró que «se dispone la suspensión de la licencia ambiental del proyecto PPII Kalé, otorgada mediante resolución» por «la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y el trámite de licenciamiento ambiental» de la iniciativa hasta que «se desarrolle el proceso de consulta previa con la Corporación Afrowilches en todas sus etapas».
El mes pasado, la ANLA publicó la resolución 00648 de 2022 que permitió conocer los detalles de la iniciativa Kalé, cuyo desarrollo estará en manos de la petrolera estatal Ecopetrol.
La zona que ha sido autorizada justo en un momento en que se vive la incertidumbre causada por la invasión rusa a Ucrania de la producción de gas y petróleo mundial tendrá hasta 4,67 hectáreas y la actividad de fracturación será a 1,2 kilómetros de profundidad.
Por su parte, Ecopetrol ha defendido con anterioridad que el proyecto busca «evaluar los potenciales impactos ambientales derivados de la ejecución», y que tiene contempladas «medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar posibles impactos en los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos, el suelo y el aire, entre otros aspectos».
ACCIONES CONTRA EL FRACKING
La Corporación Afrowilches -representadas por la Corporación Podion, el Colectivo José Alvear Restrepo y la Alianza Colombia Libre de Fracking- presentó una acción de tutela (recurso de amparo) que fue la que falló a su favor la Jueza Primera Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, Blanca Judith Martínez.
«Esta es una victoria de las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches y de las organizaciones ambientales, que durante años hemos venido resistiendo al desarrollo de una técnica que se ha comprobado científicamente contamina el agua y el ambiente», expresó la Alianza Colombia Libre de Fracking en un comunicado.
Agregó que la decisión de la jueza «demuestra una vez más que la implementación de estos proyectos desde sus inicios se ha realizado vulnerando derechos fundamentales a la consulta previa y la participación ambiental, y sin licencia social en los territorios».
La organización social aseguró que este proyecto se está dando «en un contexto de graves amenazas y hostigamientos contra los defensores y defensoras ambientales que nos oponemos al fracking, nos preocupa la vida e integridad de los integrantes de Afrowilches».
«El Gobierno Nacional le quitó las medidas de protección a su representante legal, Pedro Carballido, el mismo día que emitió la Licencia Ambiental al proyecto Kale”, agregó la Alianza.
La técnica de fracturación hidráulica cuenta con un gran número de detractores, que alertan sobre sus implicaciones medioambientales, hidráulicas y sociales. Por el contrario, sus defensores alegan que supone una solución para dar respuesta a la creciente demanda de energía con recursos más limpios que el carbón.
El fracking permite extraer el gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo que se encuentra en capas de roca a gran profundidad, por lo que se tiene que perforar la tierra para después inyectar grandes cantidades de agua mezclada con químicos a alta presión para lograr fracturar la roca y liberar el gas.
EFE
