Colombia y la Unión Europea (UE) acordaron este jueves fortalecer su cooperación y avanzar para que los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y ataques a líderes sociales en el país sean llevados a la justicia y condenados por sus crímenes.
Así quedó establecido en la reunión del Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos realizada de forma virtual que estuvo presidida por la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana Mejía, mientras que Eamon Gilmore, enviado especial de la UE para la paz de Colombia, la copresidió.
«Se coincidió en el interés de seguir avanzando en la judicialización de perpetradores y autores intelectuales, destacando la cooperación entre la UE y Colombia respecto a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, cuya estrategia persigue lograr avances en el desmantelamiento de las organizaciones detrás de esta violencia», dijo la UE en un comunicado divulgado en Bogotá.
Al respecto, el Gobierno colombiano anunció que próximamente adoptará el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para la protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de derechos humanos.
PROYECTOS DEL BLOQUE COMUNITARIO
La UE compartió experiencias de protección colectiva logradas en Colombia a través de sus proyectos de cooperación con sociedad civil.
Casi 1.000 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados luego del acuerdo de paz firmado en 2016 entre la antigua guerrilla FARC y el Gobierno colombiano, según un informe divulgado el lunes por las organizaciones civiles Cumbre Agraria, Étnica y Popular, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica.
Por otro lado, la lucha contra el reclutamiento y abuso de menores también ocupó un lugar destacado en la conversación en la que las partes subrayaron la importancia de avanzar en la articulación de los esfuerzos en torno a la protección de niñas, niños y adolescentes.
Igualmente, se acordó trabajar en la implementación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, en cuya adopción Colombia fue pionera entre los países no europeos.
Esa iniciativa es un instrumento de política pública a tres años, formulado para garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales.
Por último, Colombia y la UE abordaron asuntos multilaterales, constatando su afinidad en foros internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos.
EFE
