Managua, 7 noviembre.- El año electoral de cara a los comicios de Nicaragua programados para el 7 de noviembre de 2021 comenzó este sábado, en medio de la incertidumbre creada por una crisis sociopolítica que persiste desde el estallido social de abril de 2018.
Las de 2021 se perfilan como las elecciones más esperadas en Nicaragua desde las del 25 de febrero de 1990, cuando, al igual que ahora, la oposición presionaba fuertemente para sacar del poder al presidente Daniel Ortega, quien luego retornaría a la Presidencia en 2007.
Aunque en esta ocasión no existe un conflicto bélico, los disidentes consideran que Ortega perdió legitimidad al ordenar acciones armadas contra manifestaciones gubernamentales, que dejaron cientos de muertos en 2018, así como severas prohibiciones de los derechos constitucionales, según han denunciado diversos movimientos disidentes.
Dichas prohibiciones, que a menudo incluyen detenciones temporales y en algunos casos prisión permanente, hicieron que el inicio del año electoral no fuera celebrado por ninguno de los partidos políticos existentes, cuando en otros tiempos se formaban caravanas de vehículos para recorrer las principales calles en casi todas las ciudades.
La Coalición Nacional, que aglutina a seis de los principales movimientos civiles y partidos de la disidencia, ha sostenido que no existen condiciones para unas elecciones “libres, justas, transparentes y observadas”, debido a que el Gobierno de Ortega utiliza la fuerza policial para impedir la organización de grupos de opositores, de los cuales hay 113 encarcelados, según datos del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Los disidentes han propuesto como requisitos básicos para unas elecciones la liberación absoluta de los “presos políticos”, tanto encarcelados como excarcelados (bajo libertad condicional), que suman más de 700 según el Mecanismo de Reconocimiento; el retorno de los exiliados, que superan los 100.000 según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades constitucionales.
REFORMAS DE LEY
En cuanto a las reformas de ley, los opositores consideran “fundamental” el cambio de los magistrados del Poder Electoral, la prohibición de la reelección presidencial, que se declare ganador al que obtenga la mayoría simple de los votos, se admita el voto de la diáspora, se “limpie” el padrón electoral, así como la independencia de los Presidentes de Juntas receptoras de Votos, la cedulación universal, y la observación nacional e internacional.
Aunque Ortega se comprometió a garantizar dichas reformas una vez en 2018, dos veces en 2019, y una vez en 2020 a través de la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, hasta ahora no ha habido cambios, lo que mantiene la incertidumbre.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encomendó al Estado de Nicaragua ejecutar las reformas electorales necesarias a más tardar en mayo próximo, pero el Gobierno de Ortega rechazó la orientación, porque las considera una “injerencia en los asuntos internos”.
La incertidumbre aumentó en octubre pasado, cuando los principales líderes opositores empezaron a ser perseguidos las 24 horas del día por patrullas policiales, y a detenerlos de forma constante, a veces a golpes.
El Gobierno también inicio la aprobación de tres leyes que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha calificado de “represivas”, ya que, según los juristas, le dan potestad de arrestar a cualquier ciudadano cuyos actos u opinión considere una amenaza, y pronto aprobará la cadena perpetua para “crímenes de odio”, que no han sido especificados en la propuesta de ley.
En medio de las dudas, la oposición experimentó una desmembración a fines de octubre, cuando la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, liderada por el sector empresarial, se separó de la Coalición Nacional, el gran grupo opositor, y de inmediato sufrió críticas, así como un proceso de desintegración cuyo alcance se desconoce.
De momento, el inicio del año electoral no ha levantado el entusiasmo, ni de opositores, ni del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
