El sorpresivo giro que dio la Corte en 2018 ha cobrado nueva relevancia ahora que Álvaro Uribe terminó detenido en su casa. Todo empezó el 11 de abril de 2012, cuando el entonces representante Iván Cepeda hizo un debate en la Cámara sobre el surgimiento del paramilitarismo en la Antioquia de los años noventa, y señaló al exgobernador Uribe como auspiciador. El congresista ambientó el debate con artículos en la prensa y reveló los testimonios en video de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, exparamilitares presos que aseguraron que tres parejas de hermanos crearon el Bloque Metro: Álvaro y Santiago Uribe Vélez; Pedro y Santiago Gallón Henao; Luis y Juan Guillermo Villegas Uribe. Los testigos dijeron tener certeza porque habían formado parte del grupo a órdenes de estos, y señalaron que tenía su centro de operaciones en la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe. Cepeda exhibió fotos de paramilitares armados en ese lugar.
Uribe respondió en forma inmediata y severa. El expresidente denunció al congresista ante la Corte Suprema y la Procuraduría por los delitos de abuso de la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio. Aseguró que Cepeda había usado su dignidad de representante a la Cámara para hacer un tour por 14 cárceles del país para libretear testigos que a cambio de prebendas lo estaban enlodando a él y a su hermano Santiago. El congresista del Polo empezó a ser investigado penal y disciplinariamente.
En septiembre de 2014 hubo un segundo round aún más furioso. Ambos ya eran senadores y se enfrentaron en un nuevo debate en el que Cepeda reiteró los señalamientos y aseguró que los testigos Sierra y Monsalve estaban en alto riesgo de morir asesinados.
Uribe tomó la palabra y lanzó una perorata ardiente. Aseguró que todo era un montaje de Cepeda y que este le había pagado jugosas sumas a esos dos sujetos. Argumentó, por ejemplo, que a Monsalve lo había ido a visitar 27 veces. “¡Ay, que yo pagara testigos!”, dijo con ironía. Luego reveló las versiones de dos exparamilitares también presos: Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda. Estos desmintieron a Sierra y Monsalve. Dijeron que los acusadores de Uribe no habían formado parte del Bloque Metro, que Cepeda les pagó y que había tratado de comprarlos también a ellos. Además, que lo del entrenamiento de paras armados en Guacharacas era una fábula. El expresidente agregó que cruzaría la plaza de Bolívar para entregar en la Corte esos testimonios, una ampliación de denuncia y que además aportaría una declaración de Óscar Monsalve, exmayordomo de Guacharacas y padre del “falso testigo”.
La Corte, al tiempo que recibía los nuevos elementos, avanzaba en constataciones reservadas. Probó que Cepeda, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, durante un par de años visitó 24 prisiones y entrevistó a 274 presos para hacer un diagnóstico sobre el hacinamiento carcelario. El Congreso, la Corte Constitucional, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia reconocieron esa labor como un trabajo oficial. Así mismo, los investigadores establecieron algo que consideraron muy importante y que resultó determinante para su decisión: que los testimonios de Sierra y Monsalve contra Uribe no surgieron de las visitas de Cepeda. Los dos criminales habían rendido ante la Justicia, en procesos anteriores, esos mismos testimonios antes de conocer a Cepeda, pero por razones desconocidas esos expedientes habían terminado engavetados. El descubrimiento de que el representante del Polo no había inspirado esas confesiones, sino que quería sacarlas a la luz pública, empezó a cambiar el rumbo del proceso.
Por otra parte, encontraron también que Cepeda, entre 2011 y 2014, había intentado 27 veces tramitar permisos para visitar a Monsalve, de los cuales solo le fueron concedidos nueve a lo largo de tres años. Según la Corte, se pudo establecer que hizo la mayoría de las visitas para hablar sobre los problemas de seguridad del recluso, pues luego de que su testimonio contra Uribe se volvió noticia nacional, arreciaron las amenazas contra él y toda su familia en Antioquia. El Inpec registró que dos internos con puñal en mano atacaron al testigo en un patio de la cárcel de Cómbita. En otro episodio documentado por Medicina Legal, apareció en la celda de Monsalve una sustancia altamente venenosa, reseñada como fluoracetato de sodio y “de venta prohibida en Colombia”.
Ante estos hechos, cinco integrantes de la familia de Monsalve salieron de la región y aterrizaron en Bogotá. Acudieron a la oficina del senador Cepeda y este los puso en contacto con la ONG Comité de Presos Políticos, la cual les proveyó alojamiento temporal en hotel, tiquetes y plata para comida. Era una solución transitoria mientras buscaban que los admitieran en el Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía y les dieran ayuda en embajadas. La ONG tuvo gastos del orden de 16,5 millones de pesos a lo largo de seis meses, que quedaron documentados en la contabilidad. La Corte concluyó que la asistencia económica fue una consecuencia del grave peligro que surgió “y no, como lo planteó en la denuncia y su posterior ampliación el doctor Álvaro Uribe Vélez, como contraprestación a señalamientos falsos”.
El asedio a la familia de Monsalve quedó documentado en varias escuchas cuando la Corte ordenó interceptar el teléfono de Óscar Monsalve, padre del testigo y también declarante. El exmayordomo de Guacharacas sentía miedo por lo que le había pasado a su hijo y estaba reticente a declarar. Finalmente, el 24 de marzo de 2015, lo hizo por teleconferencia desde el juzgado de Supía, Caldas. Ese día su teléfono, así como el de su hija, registró antes y después de la diligencia una sospechosa ráfaga de llamadas totalmente inusual para un campesino. Los magistrados auxiliares solicitaron las grabaciones y el CTI, dirigido por Danny Julián Quintana, respondió “con la fatal casualidad de que el sistema NO permitió la escucha de las comunicaciones”.
Sin embargo, la Corte pudo establecer cuál fue el número que llamó una veintena de veces al campesino en torno a la diligencia judicial. Y al jalar esa pita vino una gran sorpresa: el número era el del ganadero y terrateniente Juan Guillermo Villegas Uribe, amigo del expresidente y uno de los señalados fundadores del Bloque Metro, según el testigo Monsalve. En su declaración ante la Justicia, el antiguo mayordomo de la hacienda se mostró “nervioso y dubitativo”, y contradijo el testimonio de su hijo. Dijo no saber de ninguna actividad paramilitar en Guacharacas y aseguró que “hacía mucho tiempo” no tenía ninguna comunicación con Villegas Uribe. Para la Corte, la veintena de llamadas detectadas entre los dos demostraron que mentía. En otras interceptaciones se escuchaba al ganadero dando instrucciones en clave a miembros de la familia Monsalve.
Por orden de la Corte, el CTI estaba monitoreando a Villegas. De ese modo, los investigadores supieron que el 21 de octubre de 2015 tendría una reunión relevante en un lugar público de Medellín llamado La Jugosa. Acudieron y se encontraron con que el sector estaba acordonado por varios anillos de seguridad. Aun así pudieron registrar que Villegas estaba reunido con Álvaro Uribe y un tercer hombre, José Humberto Gómez Garro. Posteriormente, establecieron que el tercer asistente, Gómez Garro, y el abogado Wilser Molina, miembro del Centro Democrático y aspirante a la alcaldía de Amagá, habían visitado en diversas ocasiones a los paramilitares alias Simón y alias Castañeda en la cárcel de Itagüí, antes y después de que el expresidente los presentó como sus contratestigos en el debate del Congreso.
Luego de la reunión en La Jugosa, Uribe supo que el CTI había monitoreado el encuentro, aunque eran diligencias reservadas. El expresidente llamó a Villegas y se lo contó. Entonces quedó grabada su famosa frase “O sea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas”. Y después lo divulgó desde su cuenta en Twitter: “He recibido informaciones sobre interceptaciones y seguimientos de la Justicia en mi contra, ya tengo pruebas de los días 21 y 22 de octubre”, trinó el expresidente. En realidad, los agentes encubiertos habían interceptado y vigilaban a Villegas.
En otras diligencias, los magistrados interrogaron a los testigos de Uribe, Simón y Castañeda, quienes habían acusado a Cepeda de tratar de sobornarlos. Verificaron sus declaraciones de varias formas, incluso contrastaron sus versiones con sus propios relatos en otros procesos como el que avanzaba contra Luis Alfredo Ramos por parapolítica. La Corte concluyó que las afirmaciones de estos contratestigos eran incongruentes, contradictorias y, en algunos casos, falsas. Por ejemplo, cuando les preguntaron qué los motivaba a desmentir a los testigos de Cepeda, Sierra y Monsalve, contestaron que querían aportar a la justicia y que no iban a mentir cuando estaban a punto de salir de la cárcel, pues sabían que eso podría acarrearles un nuevo lío judicial. Eso le pareció a la corte una mentira torpe, pues sus prontuarios dejaban claro que tenían muchos años de cárcel por delante.
Por otra parte, habían sido los testigos del hoy extraditado fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno cuando era el abogado defensor de Luis Alfredo Ramos. En ese proceso los investigadores también detectaron contradicciones. Les pidieron detalles de cómo Cepeda les habría hecho ofrecimientos ilegales para manipular sus testimonios. En la narración de los hechos había tantas inconsistencias sobre fechas y otras circunstancias del supuesto soborno que la Justicia desestimó esos testimonios.
Los contratestigos de Uribe explicaron que los había contactado para rendir testimonio Wilser Molina, un abogado defensor de paramilitares y asiduo visitante de la cárcel de Itagüí. Molina había sido citado para que explicara por qué había abordado a los testigos en la cárcel. Afirmó que esos testimonios habían aparecido casualmente y negó tener contacto con Uribe Vélez. No obstante, su línea telefónica también estaba siendo interceptada, pues registraba permanente comunicación con Juan Guillermo Villegas, uno de los presuntos fundadores del Bloque Metro. En esas escuchas quedó claro para la Corte que existía una cercanía entre Uribe y él, y que hablaban de testigos. Aunque en esas conversaciones no hay frases incriminadoras, sí queda establecida una relación que Molina había negado.
La Corte también citó a los testigos de Cepeda, Sierra y Monsalve, para escucharlos de primera mano y verificar sus afirmaciones. Ellos ratificaron todo e insistieron que años antes habían hecho las mismas declaraciones sin que la Justicia las hubiera tenido en cuenta. Los procesos solo cobraron impulso cuando Cepeda retomó esos testimonios y los remitió a la Fiscalía. Como ya el tema se había convertido en noticia, al ente acusador le tocó tomar decisiones. Teniendo en cuenta que esas declaraciones hablaban de nexos entre la Gobernación de Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares de Antioquia a mediados de los años noventa, el fiscal del caso revocó la resolución inhibitoria que desde 2006 había a favor de Uribe en el expediente por una masacre que había tenido lugar en esos años en el municipio del Aro. El caso se reactivó y en 2014 fue remitido a la corte en virtud de que el exgobernador ahora tenía fuero de senador. El expediente le correspondió al magistrado Gustavo Malo, quien lo tuvo inactivo hasta que cayó preso por el cartel de la toga.
Entre 2014 y 2018 la defensa del expresidente insistió en presentar otros testigos a la corte. Llevó, por ejemplo, a Carlos Areiza Arango, de quien apareció una carta en la cual aseguraba que Cepeda le había ofrecido 100 millones de pesos para que declarara contra los hermanos Uribe Vélez y el exsenador Ramos. Sin embargo, cuando declaró en persona ante la corte dijo que él no había escrito la carta sino el abogado Jaime Restrepo, conocido como el Patriota, luego de haberle hecho firmar hojas en blanco. También negó que Cepeda le hubiera ofrecido los 100 millones de pesos que decía el falso documento.
A comienzos de 2018, luego de seis años de pesquisas, la Corte decidió que tenía suficiente ilustración como para tomar decisiones. En ese momento la defensa de Uribe pidió escuchar a otro paramilitar preso, Carlos Enrique Vélez, quien por medio de cartas había acusado a Cepeda de ofrecerle plata a cambio de enlodar a Uribe. Los magistrados incluyeron esas cartas en el expediente pero se abstuvieron de citarlo personalmente, pues según ellos había un patrón de testigos falsos de la defensa de Uribe. Paradójicamente, el testigo Vélez es hoy uno de los principales acusadores contra Uribe después de haber confesado que Diego Cadena, abogado del expresidente, le había ofrecido plata para enlodar a Iván Cepeda. Hoy Cadena está preso, acusado de darle 48 millones de pesos a Vélez, los cuales justificó como ayuda humanitaria.
Finalmente, el 18 de febrero de 2018 la Sala Penal emitió la providencia que absolvió a Cepeda de manipulación de testigos al tiempo que sentó a Uribe en el banquillo de los acusados. Lo que había pasado era de no creer: el expresidente Uribe había pasado de acusador a procesado.
En noviembre de ese año, la Procuraduría de Fernando Carrillo concluyó lo mismo y decidió cerrar la investigación disciplinaria contra Cepeda. De otra parte, una denuncia de Uribe contra el primer testigo, el paramilitar Pablo Hernán Sierra, por calumnia y falso testimonio, concluyó en la absolución de este. El Tribunal de Antioquia la confirmó luego en apelación. Entre tanto, surgió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que asumió el expediente contra Uribe. Los cinco magistrados que manejaron el caso hicieron su propia pesquisa durante los últimos dos años y acaban de ordenar la detención domiciliaria preventiva de Uribe, aunque aún no lo han llamado a juicio.
El argumento de fondo para la medida es que la Corte considera que entre 2018 y 2020 se presentaron reiterados intentos de obstruir a la Justicia mediante la manipulación de testigos. Esta medida ha sido muy criticada por quienes consideran que la detención preventiva debe ser utilizada solamente en casos extremos, y que la calidad de expresidente que ostenta Álvaro Uribe y su trayectoria personal no ameritaba ese tratamiento. La defensa de Uribe decidió no “perder el tiempo” con un recurso de reposición porque lo resolverían los mismos magistrados. Ahora la Sala de Instrucción debe calificar el sumario para que comience el juicio. Este le corresponderá a tres magistrados distintos que integran la Sala de Juzgamiento.
Tomado de Revista Semana
