El Congreso de la República podría sesionar de manera virtual acudiendo a la reglamentación de esa modalidad de trabajo.
El diario El Tiempo estableció con magistrados de la Corte Constitucional, que tumbó el artículo de un decreto del gobierno que permitía esas sesiones, que el fallo no le cierra la puerta definitivamente a esa modalidad de trabajo.
Los magistrados señalaron que el Congreso, lo mismo que las Cortes, tienen autonomía para sesionar y no necesitan de la autorización del Ejecutivo para hacerlo, por lo que se debe acudir a definir la forma como se van a realizar las sesiones no presenciales.
Así las cosas, el Congreso tendría que cambiar su reglamento interno con lo que se garantizaría la legalidad de ese tipo de reuniones. De hecho, las altas Cortes ya hicieron ese cambio y de allí que puedan mantener las reuniones virtuales.
Las normas de funcionamiento del Congreso están establecidas en la ley 5 de 1992 y en el artículo tercero de esa norma estaría una alternativa para que el Congreso siga funcionando virtualmente.
Esa norma dice: «Cuando en el presente Reglamento no se encuentre disposición aplicable, se acudirá a las normas que regulen casos, materias o procedimientos semejantes y, en su defecto, la jurisprudencia y la doctrina constitucional».
El Legislativo podría, de manera excepcional, adoptar el reglamento que ya aplican las Cortes para poder seguir sesionando virtualmente, pues ese tipo de corporaciones se equiparan y sería legal esa modificación.
Incluso, fuentes consultadas dijeron que de forma virtual podrían votar la modificación del reglamento interno y seguir sesionando usando la tecnología.
Las fuentes señalaron que antes de avanzar en la aprobación de 22 leyes y un acto legislativo el Congreso debió solucionar el tema del reglamento.
A pesar de esto, las normas aprobadas virtualmente no tendrían vicios de legalidad y la decisión de la Corte solo afectaría las sesiones a partir del 20 de julio. Ese día el Congreso podría modificar el reglamento y seguir su trabajo legislativo.
En todo caso, dijeron las fuentes, tendrían que garantizar las reglas básicas del juego democrático y político es decir el debate, la participación y la publicidad de los actos y el acceso de los ciudadanos a los debates.
Tomado de El Tiempo
