Por Luis Fernando Quijano Moreno
En torno a la guerra de la coca gira todo en Tumaco, desde las barricadas militares que dan la bienvenida a los visitantes al salir del aeropuerto La Florida, en la Isla del Morro, hasta los permanentes sobrevuelos de los helicópteros Black Hawk con sus Comandos Jungla a bordo, listos para entrar en acción.
El nombre oficial del municipio es San Andrés de Tumaco y se le conoce como la Perla del Pacífico. Se encuentra a 330 kilómetros al noroccidente de San Juan de Pasto, capital de Nariño, y tiene una extensión de 3.778 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo municipio más extenso de Colombia.
Su población, según el DANE, es de 212.692 habitantes. El 90 % de ellos son afrodescendientes, el 6 % indígenas y el 4 % mestizos. Se trata de personas que mayoritariamente son amables, respetuosas y hospitalarias. En sus calles nos cruzamos con taxistas, vendedores, comerciantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Con todos ellos hablamos. Nos contaron, con temor, lo que pasa en el municipio. No aceptaron grabadoras y menos fotos; tampoco que fueran revelados sus nombres. Es evidente que hay zozobra. El miedo se respira en las calles. Y es que, aquí, no se puede jugar con la vida.
La actividad policiaca y militar que se observa en aire, mar y tierra, y la tensión social que se vive en los barrios, está perfectamente respaldada por los datos duros: este año, Tumaco pasó a ocupar el lugar como la ciudad más violenta del mundo.
Entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2018 se han registrado 166 homicidios, un 25 % más que en el mismo periodo de 2017. Esto significa que Tumaco tendrá, al finalizar este año, una tasa de 130 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En el 2016 se presentaron 146 homicidios.
Este índice supera por mucho a Caracas y Acapulco, que habían sido las ciudades más violentas del mundo en 2017 con tasas de 110 homicidios por cada 100.000 habitantes en cada caso.
El alza de la violencia en Tumaco está vinculada a la lucha por el control del negocio de la droga. No existe otro municipio en el mundo donde se siembre más coca. En 2016, los plantíos llegaron a 23.148 hectáreas y hoy, según fuentes de Naciones Unidas, hay al menos 30.000 hectáreas, con una capacidad potencial para producir 179 toneladas de cocaína pura al año.
Esos cargamentos alcanzan un valor de 292 millones de dólares en Tumaco, aunque en Estados Unidos su cotización aumenta en 15 veces, hasta llegar a 4.380 millones de dólares.
A Tumaco le quedan las migajas del negocio. Según estimaciones de la ONU, el valor total de la producción de hoja de coca y sus derivados en las fincas del municipio alcanza un valor de 116 millones de dólares en el municipio. Esto explica por qué el 90 % de la economía de esa ciudad, donde ocho de cada diez familias son pobres, gravita en torno a las rentas criminales.
La vida y la muerte en Tumaco están determinadas por la manera en que sus pobladores logran ponerse a salvo del fuego cruzado de los grupos armados que luchan por el control del negocio de la droga. También, por las necesidades sociales de miles de jóvenes que, sin oportunidades de empleo, acaban engrosando las filas de la delincuencia organizada.
La personera municipal, Annie Castillo, dice a Análisis Urbano que las estrategias militares y policiacas para combatir la producción de coca y la criminalidad deben acompañarse de inversión social para producir resultados. «Si el Estado no le da herramientas a la sociedad para que pueda acceder al menos a una seguridad alimentaria o a un empleo, no está haciendo nada, porque va generar un círculo vicioso en el que las personas van a tener que recurrir nuevamente a la ilegalidad para efectos de satisfacer sus necesidades. Eso tiene que ir a la par y eso es lo que no hemos observado en el territorio», asegura la funcionaria.
Cuestión de vida o muerte
Es evidente que la sobrevivencia en Tumaco no solo es un asunto de seguridad pública, sino de seguridad social. De acuerdo con cifras del DANE, el 84,4 % de la población vive en la pobreza y solo 30 de cada 100 habitantes tienen un empleo formal. Esto deja a miles de jóvenes, en edad de trabajar, en manos de las bandas criminales que les ofrece un ingreso seguro.
La educación muestra enormes rezagos, como lo evidencia el hecho de que el 17 % de las personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Para un niño nacido en Tumaco es una proeza llegar a una universidad. La calidad académica de los planteles es tan baja que miles de jóvenes son rechazados cada año de los centros de educación superior.
En Tumaco solo hay un hospital, el San Andrés, único de segundo nivel en la región y tiene permanentes dificultades en dotación de equipo médico, suministro de medicamentos y continuos retrasos en el pago de salarios de los trabajadores.
A este panorama se suma que el acceso a los servicios básicos es tan limitado, que solo la tercera parte de la población tiene agua potable.
En ese contexto de vulnerabilidad social están dadas todas las condiciones para que florezca el crimen.
«En muy difícil que un joven sin empleo diga “no” a los criminales que le ofrecen un arma y un sueldo mensual de $700.000 pesos colombianos (250 USD) para dedicarse a matar y traficar droga», dice un activista comunitario que pidió la reserva de su nombre por temor a poner en riesgo su seguridad.
En una ciudad donde matan y amenazan a los líderes de derechos humanos, la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco es una de las pocas instituciones que alzan la voz para denunciar cómo el narcotráfico ha terminado por romper el tejido social en barrios enteros y cómo la guerra territorial que libran varios grupos delictivos está causando un baño de sangre. Un informe de la Pastoral señala que «los cultivos de hoja de coca se han convertido en la mayor opción de trabajo», junto con el sicariato.
Territorio en guerra
Entre los grupos armados que operan en las áreas rural y urbana del municipio figuran Gente del Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC) —o Clan del Golfo—, La Empresa, el ELN y el denominado Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC al mando de Walter Arísala, alias Guacho.
Todos ellos libran una dura disputa territorial que tiene como objetivo el control del millonario negocio de la coca. Unos y otros intentan a sangre y fuego llenar el vacío que dejaron las FARC en esa zona desde que firmaron el acuerdo de paz con el Gobierno, en noviembre de 2016.
Guacho es hoy el principal objetivo de las Fuerzas Militares y de Policía concentradas en Tumaco. El exguerrillero de las FARC se convirtió en el hombre más buscado en esa región desde que secuestró y asesinó, en abril pasado, a los periodistas del diario ecuatoriano El Comercio: Javier Ortega y Paúl Rivas, y a su conductor Efraín Segarra.
El coronel Jhon Jairo Aroca, jefe del Comando Especial de Policía Pacífico Sur, asegura en entrevista con Análisis Urbano que Guacho es «un objetivo de alto valor estructural para la fuerza pública».
Además de ser el autor del asesinato de los periodistas ecuatorianos, «es un narcotraficante que está dedicado al tráfico de estupefacientes por el mar hacia Centroamérica y hacia Norteamérica», asegura el coronel.
Preguntamos al coronel Aroca, en caso de que fuera capturado o dado de baja alias Guacho, ¿las Fuerzas Militares continuarían aquí? ¿Seguirían persiguiendo los grupos ilegales? «El objetivo principal es la conveniencia y la seguridad ciudadana de todos los habitantes del Pacífico sur. Estamos ganando mucho terreno, estamos desarrollando muy buenos proyectos. Nos falta harto, pero estamos de la mano de la comunidad y las instituciones gubernamentales», aseveró.
Para el jefe del Comando Especial de Policía Pacífico Sur, Tumaco ha sido también víctima de la «mala publicidad» porque solo se habla de los problemas de criminalidad que tiene el municipio y no de los planes gubernamentales para recuperar la seguridad y dotar a la población de infraestructura.
«Hay unos proyectos en inversión económica muy buenos, y en cuestión de seguridad hay un aporte importante del Gobierno nacional. Hay una campaña militar, vienen nuestras fuerzas militares con todos sus componentes y está el plan especial de la Policía que se llama Plan Pacífico Sur. Todo esto con el fin de aunar esfuerzos para la seguridad y la convivencia en esta región», agregó el coronel.
Respecto a los drones para la aspersión de cultivos de hoja de coca el coronel manifestó: «Todo lo que podamos hacer en contra de los cultivos ilícitos, en contra de la mata y en contra del procesamiento de la cocaína en Colombia es bienvenido. Y todo lo que nos puedan ayudar para acabar con las hectáreas de coca cultivadas en nuestra jurisdicción es muy bueno, ese plan está en proceso de ejecución».
El plan Atlas
El nuevo programa de fumigación de cultivos ilícitos se puede convertir en un factor más de conflicto en Tumaco. El pasado 30 de agosto, cuando la Policía Antinarcóticos se presentó en la vereda Pueblo Nuevo para iniciar la fumigación de plantíos de hoja de coca con drones los pobladores reaccionaron molestos pues, según dijeron, ellos están participando en el programa de sustitución voluntaria de cultivos y las aspersiones violan los acuerdos a los que habían llegado con el Gobierno.
Héctor Escobar, dirigente de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam), dijo que cuando los campesinos pidieron frenar el operativo, policías antidisturbios los agredieron con balines de goma, gases lacrimógenos y con las culatas de los fusiles.
Para la personera municipal el problema de la coca no solo se resolverá por la vía de la represión. «Si usted llega a cualquiera de las veredas de Tumaco y solamente le coloca Fuerza Pública y hace erradicación, capturas, incauta droga y armas, y no le da a la población herramientas para acceder al menos a una seguridad alimentaria o un empleo, no está haciendo nada», afirmó.
La funcionaria considera que esa estrategia «va a generar un círculo vicioso en el que las personas van a tener que recurrir nuevamente a la ilegalidad para satisfacer sus necesidades». Y señala que lo que se debe hacer «es una complementariedad entre el uso de la fuerza pública y la parte de inversión social por parte del Gobierno».
Uno de los componentes de la estrategia contra el crimen y los cultivos ilícitos en Tumaco es el plan Atlas, que se puso en marcha en octubre de 2017 en Tumaco para combatir el delito. Esta operación, que durará cinco años, cuenta con la participación de 9.000 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas. Es como un «mini Agamenón II» —el operativo para perseguir a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Urabá—, pero en Tumaco. La idea del Gobierno es que ese municipio y el departamento de Nariño, que colindan con Ecuador, alcancen los mismos niveles de seguridad que registra el país.
Con Atlas se han producido miles de capturas y la incautación de más de 50 toneladas de cocaína, pero los asesinatos van en ascenso. Peor aún, el negocio del narcotráfico avanza, se robustece y las comunidades quedan en medio del fuego de todos los actores armados en disputa. Así lo constató la Agencia de Prensa Análisis Urbano durante un recorrido que hizo por este municipio del departamento de Nariño.
Protección constitucional
La situación de vulnerabilidad social está tan grave en Tumaco que, en un auto emitido en noviembre pasado, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacional adoptar «medidas provisionales urgentes para la protección de la población afrodescendiente e indígena».
De acuerdo con la resolución, en este municipio existe «la vulneración masiva, sistemática y grave de los derechos fundamentales de la población desplazada» por diferentes actores armados ilegales que se disputan el territorio. Esto ocasiona «el desplazamiento y confinamiento de cientos de familias, así como el terror en diferentes veredas», según señala el fallo.
Julio César Rivera, alcalde de Tumaco, dice en entrevista que ese mandato de la Corte Constitucional ha hecho que las instituciones del Estado se preocupen por lo que ocurre allí. «Son muchas las acciones, pero hay que entender que son muchas las necesidades que han sido históricas en esta región, y a veces esas acciones no culminan o no llenan todas las expectativas de la sociedad tumaqueña», señaló.
Para el alcalde, la estrategia de seguridad que se implementa en el municipio con las Fuerzas Militares y de Policía ha sido «eficaz» para enfrentar la problemática del narcotráfico. En cambio, para los pobladores de la ciudad consultados por Analisis Urbano los rezagos son tantos y la inseguridad tan alta, que no se alcanza a apreciar los resultados de la intervención gubernamental, militar y policiaca.
La personera Annie Castillo señala que «había muchas expectativas por la firma de la paz con las FARC —una guerrilla que tenía gran presencia en esa región— y pensamos que la situación de orden público y de seguridad iba a mejorar, pero desafortunadamente los indicadores, como el de homicidios, nos están mostrando todo lo contrario».
Agrega que, además del alza de homicidios, cada vez se reportan más desapariciones. «Nosotros tenemos información comunitaria que nos habla de muchísimas desapariciones forzadas en Tumaco. Hay un gran subregistro con respecto a las desapariciones forzadas y desafortunadamente no se conocen todos los casos. Es información que no hemos podido corroborar, porque no hay cadáveres y porque nunca se habla de identidades concretas de las víctimas», asegura.
Y otro elemento de perturbación es el ascenso de los asesinatos de líderes sociales, un fenómeno nacional que se expresa con fuerza en este municipio.
En octubre de 2017 fue asesinado el dirigente comunitario José Jair Cortés Godoy, quien era vocal de la Junta de Gobierno del Consejo de Alto Mira y Frontera. Días antes, en ese Consejo, fueron ejecutadas siete personas. El jueves 30 de agosto fue victimado James Escobar Montenegro, directivo de esa asociación. Además, en julio pasado fue asesinada la lideresa comunal Margarita Estupiñan.
Annie Castillo señala que en los últimos dos años se ha registrado un recrudecimiento de los asesinatos y las amenazas a dirigentes sociales, muchos de ellos con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero que a pesar de ello se ven obligados a abandonar el territorio por la insuficiencia de las medidas de seguridad de que disponen.
«Hay que recordar que la gran mayoría los líderes que han sido asesinados en Tumaco tenían implementadas medidas de protección por parte de la UNP. Entonces, lo que hemos venido resaltando como Personería es que una cosa es implementar la medida y otra es darle efectividad. Aquí casi todos los líderes sociales han sido amenazados. Son el foco de muchos actores armados», dice Castillo.
El exdirector de la UNP, Diego Mora, durante una visita de trabajo en Tumaco, fue abordado por Analisis Urbano para referirse al tema de la vulnerabilidad en que viven decenas de dirigentes comunitarios en este municipio. Tumaco, asegura, «es un municipio muy complejo, con muchos problemas. Aquí hay organizaciones criminales que están luchando por el territorio, por las rutas, por los cultivos, por el narcotráfico en general, y esta lucha es lo que viene afectando no solo a los líderes sociales y miembros de los diferentes consejos comunitarios, sino que también está afectando seriamente a la población en general».
De acuerdo con Mora, Tumaco es una de las zonas donde más esquemas de protección aplica la UNP en relación a la cantidad de habitantes. Aún así, la muerte acecha.
Apunte Urbano
La Agencia de Prensa Análisis Urbano, durante el recorrido realizado en Tumaco, Nariño que hoy es el principal productor, procesador y comercializador de cocaína en todo el mundo, preguntó a las autoridades civiles, militares, policiales y a fuentes en organismos de inteligencia, además de taxistas, vendedores ambulantes, comerciantes, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, entre otros, si era cierta la presencia de la Oficina del Valle de Aburrá conocida como la Oficina de Envigado, en Tumaco u otras zonas del Pacifico Sur, la respuesta fue negativa, muchos no la conocen, otros han escuchado de ella en medios de comunicación, solo el coronel Aroca planteo que alguna vez trataron de ingresar pero que fueron sacados rápidamente de acá por otras estructuras criminales.
Fuentes de inteligencia policial le plantearon a Análisis Urbano que se sintió la presencia de la Oficina a través de alias Duque quien era conocido como el hijo criminal de alias Tana antiguo jefe Pesebrero, dicen las fuentes que Duque se fue para Cali y allí se contactó con narcotraficantes que tenían grupo armado y estuvieron haciendo presencia en Tumaco, poco tiempo después fue capturado Duque en la ciudad de Cali, esa es la famosa presencia de la Oficina en el Pacifico Sur, concluyeron.
LFQM
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