La presentación del informe sobre relatores de derechos humanos en la ONU levantó preocupación en otros países del mundo. Bärbel Kofler, comisionada del Gobierno Federal de Alemania para Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, se refirió a este documento que da cuenta de la díficil situación que se vive en Colombia. «Comparto plenamente las preocupaciones de Michel Forst sobre violencia continua contra defensores de derechos humanos en Colombia. Su protección más eficaz es un desafío. El apoyo internacional a los esfuerzos de Colombia sigue siendo clave», dijo este miércoles.
Sus declaraciones se dan en medio de una fuerte polémica entre el Gobierno, las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos. Este domingo, revista Semana reveló cómo el Gobierno había negado la entrada del relator Michel Forst a Colombia. El diplomático quería visitar el país para completar este informe con información en terreno. «Por más que intenté e intenté, no fue posible. Le escribí cartas al Gobierno, me reuní con el embajador en Ginebra, pero nada resultó. Incluso, sostuve largas reuniones con el asesor del presidente (hoy fiscal) Francisco Barbosa en París y Ginebra. Nada de esto sirvió. En una de ellas él me aseguró que el Gobierno estaba tratando de poner en práctica mis recomendaciones», le dijo el funcionario de la ONU a revista Semana.
Un día antes de que Forst presentara su informe en Ginebra, un elemento adicional revivió la polémica. «Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira, pero hay que defender a los colombianos y hay que seguir defendiendo a los líderes, por supuesto, y en eso estamos”, dijo la ministra Alicia Arango. Pese a que hubo un fuerte rechazo a su posición, la ministra se reafirmó. “Yo no voy a pedir excusas, yo pido excusas si alguna persona ofendí con lo que dije. Pero sigo firme en que Colombia tiene que darle una mirada a la seguridad ciudadana también; eso no le quita importancia a lo otro”, agregó.
Desde Ginebra, el relator Forst contestó a esas palabras.“Lamento este tipo de declaraciones irresponsables, especialmente cuando las hace un ministro en ejercicio, aunque también es el caso de algunos miembros del Congreso”, dijo.
En un extenso relato, Forst presentó a las Naciones Unidas los resultados del informe. Revista Semana desagregó los puntos más críticos que reseñó Forst y puso en contexto la respuesta del Estado:
1) «El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno y las Farc suscribieron el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que puso fin a más de cinco decenios de conflicto armado entre las partes»: Michel Forst. (Página 4)
Aunque al interior de la Casa de Nariño todavía no hay consenso sobre el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, tal como lo dispuso la Ley de Víctimas aprobada en 2011, el Gobierno considera que es «impreciso e incorrecto» decir que el acuerdo puso fin a más de «cinco décadas de conflicto armado». Esto en parte se debe, según explica el documento, a que persisten en su accionar armado y violento el ELN, los Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-R), los Pelusos, los Caparrapos y el Clan del Golfo. Si bien es cierto que las palabras escogidas por Michel Forst hacen parte del discurso oficial que se usó hasta el fin de la negociación en el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el cambio de administración las palabras no cayeron bien.
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2) «Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia»: Michel Forst. (Página 1)
A lo largo del informe, el diplomático francés tiene en cuenta tres entidades que llevan el conteo de los crímenes desde 2016 al 30 de junio de 2019 ya que el Gobierno todavía no cuenta con un sistema propio: 486 crímenes la Defensoría del Pueblo, 324 la oficina de derechos humanos de la ONU y 400 la organización Somos Defensores. El Gobierno, sin embargo, «rechazó tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones, en la medida en que el relator no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas y porque el relator desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita». Por eso, le solicitan retirar esta afirmación del informe o si decide mantenerla le exigen «que se explique de manera detallada la metodología estadística aplicada para llegar a esa conclusión».
3) «La visita tenía como principal objetivo examinar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y determinar si el Estado colombiano garantiza un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos en todo el país»: Michel Forst. (Página 1)
Uno de los puntos que más parece haber molestado al Gobierno es que le hayan cambiado las reglas del juego en el transcurso de la visita. Mientras que la declaración de fin de la misión detalla que el propósito era “determinar, bajo un espíritu de cooperación y diálogo, si el Estado colombiano ha podido proporcionar un entorno seguro y propicio para los defensores y las defensoras de derechos humanos en todo el país” y “guiar los esfuerzos de la nueva administración para mejorar la protección de los defensores y las defensoras y mitigar los riesgos a los que se enfrentan.” Al final, sin embargo el diplomático anota que el objetivo fue “evaluar si el Estado colombiano garantiza un entorno seguro y propicio a los defensores y las defensoras de derechos humanos en todo el país y observar los esfuerzos de la nueva administración para mejorar la protección de las personas defensoras”.
4) «La tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras en Colombia se ha situado en torno al 95%, frente a la tasa de impunidad de los casos de homicidios dolosos conocidos por las autoridades que se sitúa entre el 86,58% y el 94,30%»: Michel Forst. (Página 8)
A pesar que el gobierno alega que el relator menciona como fuente el Informe Anual de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2018 «que en el párrafo 56 no indica una fuente que permita corroborar la referida afirmación», lo cierto es que la nota al pie de página indica que el diplomático francés tuvo en cuenta el informe que la organización Somos Defensores presentó en octubre pasado. El Estado Colombiano considera que «se estaría desconociendo el progreso relacionado con la investigación penal en sus diferentes etapas procesales si se determina como solo criterio de referencia el esclarecimiento el número de sentencias condenatorias (que apenas al canza las 33, más las 55 que están en etapa de juicio y 45 en investigación). (…) En consecuencia, consideran que es sesgado, limitado y por demás incompleto. No tiene en cuenta la debida diligencia con la que se atienden las investigaciones en el marco del deber de esclarecimiento de los hechos, sino exclusivamente y limitado al número de sentencias condenatorias proferidas».
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5) «Al relator le preocupa la aparente conexión entre (una empresa)*, la Brigada XVI del Ejército y la Estructura de Apoyo de la Fiscalía (EDA) en esta criminalización, y el posible impacto del Convenio entre (otra empresa) y la Fiscalía en la misma.»: Michel Forst. (Página 9)
Si bien es cierto que Forst no hace mención a ningún hecho criminal que comprometa a alguna de la dos compañías, llama la atención sobre lo riesgoso que resulta, que aunque estén amparados en la Ley 489 de 1998, la primera haya firmado un convenio con MinDefensa por 1.343.106 dólares para que el Ejército proteja su actividad y la otra cinco convenios desde 2015 con la Fiscalía por un monto de 24.698.485 dólares para que refuerce la capacidad investigativa y de judicialización. Para el Gobierno, «las acusaciones que formula el relator se realizan sobre la base de presunciones contra empresas sin considerar el impacto ni la dimensión política de sus afirmaciones, que el relator no está en capacidad de asumir. Agrega además: «No incluye información de los actores involucrados, lo que refleja la parcialidad y por ende falta de objetividad en el informe. Lo anterior, sin mencionar que brilla por su ausencia el material probatorio que sustenta las acusaciones que allí se consagran».
*SEMANA omite los nombres por seguridad.
6) «Recientemente, Milena Flórez la segunda portavoz del Movimiento Ríos Vivos ha tenido que abandonar el país por las amenazas de muerte de grupos armados ilegales en relación con su trabajo como defensora»: Michel Forst. (Página 12)
Al Estado le preocupa que el relator incluya en sus informes «nombres de líderes y defensores por considerar que los expone. Del mismo modo el Estado colombiano cuestiona si el informe de la visita es el mecanismo idóneo para exponer casos puntuales o presentar situaciones de personas al Estado colombiano, y llama la atención sobre la necesidad de que los procedimientos especiales propongan al Estado mecanismos de cooperación en este aspecto» (…) Por eso, «el Estado solicita al relator que retire el nombre de personas y empresas».
7) «La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (2017) […]. Si bien, según decreto, dicha Comisión debe reunirse una vez al mes, esta se ha reunido solo dos veces desde el cambio de Gobierno»: Michel Forst. (Página 5)
Para la fecha en que el relator visitó Colombia, «tan sólo habían transcurrido tres meses desde la posesión presidencial, momento a partir del cual inició un periodo de transición, usual en todos los cambios de Gobierno. De este modo, resulta apresurada la conclusión». Ahora bien, según pudo conocer SEMANA, el Gobierno cerró las puertas a la posibilidad de una segunda visita de seguimiento después de la tormeta que produjo el informe parcial que se conoció hace más de un año. De ahí que en las observaciones se hayan incluido una extensa explicación de los programas, planes y métricas que ha alcanzado el Gobierno en materia de derechos humanos en lo que va corrido de su administración.
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8) «Entre 2015 y 2018 se han registrado al menos 115 incidentes que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial»: Michel Forst. (Página 17)
De acuerdo con el documento del Gobierno divulgado este miércoles, «repetidas denuncias carece de fundamento suficiente para afirmar la connivencia del Estado o su inacción. Al respecto, el Estado solicita mayores elementos que permitan la sanción de los responsables de estas conductas, que de ninguna manera representan el mandato de las autoridades». Ante ese panorama, los voceros del gobierno del presidente Duque le solicitan a Forst que «exponga, por fuera del informe, cada una de las denuncias que le fueron presentadas, señalando en detalle los casos de corrupción o connivencia de miembros específicos de los cuerpos de seguridad del Estado con grupos armados ilegales, así como de irregularidades en el financiamiento de campañas políticas».
9) «En octubre, volvieron a salir a la calle para denunciar la represión del Esmad, el relato estigmatizador en contra del movimiento estudiantil y los casos de corrupción al interior de las instituciones de educación superior, y por la defensa de un modelo de educación gratuito y universal». (Página 15)
Aunque el Estado colombiano exige que en el cumplimiento de su mandato el relator «actúe con total imparcialidad y objetividad, única garantía de ecuanimidad en sus reportes», debido a que en la versión divulgada por el Estado complementa la frase con: «… gratuito y universal alcance de nuestros sueños”, lo cierto es que el documento al que tuvo ecceso SEMANA no incluye por ninguna parte esa mención.
10) «El retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes para la implementación del acuerdo de paz, que prioriza, entre otros, el desmantelamiento de estos grupos y la presencia integral del Estado, es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores». (Página 18)
El Estado «rechaza tajantemente la conclusión planteada por el relator pues la considera falsa y apresurada». En parte, argumentan que el presidente Duque mostró voluntad cuando decidió renovar el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Adicionalmente, explican que de los 12.950 excombatientes que se mantienen en el proceso de reincorporación, el 98% de ellos está afiliado a salud y el 83% cuenta con afiliación a algún régimen pensional y se han desembolsado USD $37.4 millones para el pago de las garantías económicas incluidas en el acuerdo y que por decisión de este Gobierno se mantendrá mientras los excombatientes permanezcan en la ruta de reincorporación.
Tomado de Revista Semana
