Desde que a finales del pasado mes de marzo empezara a regir en Colombia la cuarentena obligatoria para detener el avance del coronavirus, la comunidad LGBTI ha detectado un incremento en los niveles de riesgo debido a la obligatoriedad de permanecer en casa.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo –organización que defiende la causa LGBTI–, explicó que “en materia de violencia de género, las estrategias de confinamiento aumentan los riesgos de violencia hacia las mujeres, y aún más cuando se trata de lesbianas o bisexuales que, al estar confinadas, tienen que compartir espacio con sus agresores o personas de sus núcleos familiares que no reconocen su orientación sexual”.
Como ejemplo, Castañeda se refirió al reciente homicidio de Lidia Gamero, una miembro de la comunidad LGBTI que fue atacada con disparos dentro de su casa ubicada en el sur de Barranquilla, y también al caso de otra lesbiana que habitaba en zona rural del Magdalena y ejercía liderazgo social allí.
“Si bien los presuntos perpetradores son ajenos a la familia, el hecho de que se haya producido dentro del espacio habitacional nos lleva a preguntarle a los gobiernos cómo están haciendo para garantizar los derechos de las personas confinadas, particularmente de las mujeres”, añadió.
Sumado a esto, Caribe Afirmativo advirtió que un líder LGBTI asentado en el sur de Bolívar fue amenazado por parte de desconocidos que llegaron a su casa.
Para Castañeda, esto hace parte de la inseguridad que viven desde hace varios meses los líderes sociales en Colombia.
“Sentimos que el Estado ha aflojado el compromiso con la protección y la vida de los líderes y lideresas sociales. Nos preocupa que con la pandemia se están agudizando estos casos y no contamos con un Estado que prevenga y sancione”.
Por otro lado, las personas de la comunidad LGBTI del Caribe sienten que en medio de la pandemia del coronavirus no solo están expuestos a la violencia física o psicológica, sino también a la incertidumbre de no tener empleo legal ni afiliación al sistema de salud.
Franklin Rangel, venezolano miembro de ‘Caribe Afirmativo’ que reside en Soledad (Atlántico), sostuvo que hay numerosos inconvenientes para que el Sisbén admita a los migrantes LGBTI como afiliados.
«Tenemos a varias personas que llevan 5 o 6 meses en el proceso y no han sido tomadas en cuenta para asignarle una IPS», expresó Rangel.
De esto se deriva, según Rangel, el hecho de que muchos de ellos no puedan aspirar a empleos formales al carecer de cobertura en salud. «Esto hace que sus trabajos sean informales, que no cuenten con contrato. Muchos no están trabajando, pero siguen pagando servicios y deben alimentarse. Entonces ese es un nivel de riesgo alto porque el Gobierno no ha brindado una respuesta directa», finalizó.
Tomado de Radio Nacional
