Comunidades indígenas y afrodescendientes retoman diálogo con el Gobierno en la sede de la Onic

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En la reunión de este martes participan por parte del Gobierno Nacional las siguientes instituciones: Subdirector de Seguridad y Convivencia, Directora de asuntos afro, Asesores de la dirección de Asuntos indígenas y asesores del Ministerio del Interior; Dirección de DDHH del Ministerio de Defensa; Dirección de Asuntos Étnicos y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; Personería de Bogotá. Delegados del Alto Comisionado para la Paz, y delegado de la Dirección de DDHH de la Policía Metropolitana de Bogotá.
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Después de pasar la noche en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic (300 personas), y en la sede de la Asociación de Educadores, Ade (200 personas), en la mañana de este martes 13 de noviembre de 2018 se retomaron los diálogos entre representantes y delegados tanto del Gobierno Nacional y del Gobierno Indígena.

Luego de que este lunes 12 de noviembre se realizaran marchas entre las afueras del norte de Bogotá y el centro histórico, previa movilización de dos días de camino desde los municipios de Riosucio y Carmen de Darién, en el Chocó, los mingueros representados por más de 450 indígenas, entre hombres, mujeres, niñas y niños quienes se han trasladado en una caravana para defender la vida, reclaman el cumplimiento de acuerdos establecidos en el año 2017 en el marco de la Minga Indígena por la Vida. Estos acuerdos han sido incumplidos de manera unilateral por el Estado.

Cientos de mujeres, niños y mayores pasaron la noche en las instalaciones de la Onic, mientras otros se albergaron en refugios de organizaciones afines por la defensa de los derechos de los Pueblos. Cabe destacar que entre los mingueros incluyen once mujeres embarazadas, veinte niños y decenas de mayores, quienes le siguen apostando a la lucha de sus apuestas.

En la reunión de este martes participan por parte del Gobierno Nacional las siguientes instituciones: Subdirector de Seguridad y Convivencia, Directora de asuntos afro, Asesores de la dirección de Asuntos indígenas y asesores del Ministerio del Interior; Dirección de DDHH del Ministerio de Defensa; Dirección de Asuntos Étnicos y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; Personería de Bogotá. Delegados del Alto Comisionado para la Paz, y delegado de la Dirección de DDHH de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Desde la noche del 11 de noviembre, el primer grupo de la caravana llegó a la plaza de Bolívar a quienes no les permitieron la entrada, mientras que 10 buses fueron detenidos a su paso en la afueras de Bogotá.

Incumplieron
Actualmente, el departamento del Chocó viene atravesando por una crisis humanitaria en la cual están involucrados los grupos armados (Paramilitares, guerrilla del ELN, disidencias de las Farc-EP y delincuencia común) que diariamente se enfrentan por el control de las rutas de narcotráfico y el territorio de los Pueblos Indígenas. Esta situación ha llevado a situaciones críticas de los pueblos indígenas dentro de las cuales se destaca el reclutamiento forzado, el desplazamiento masivo, entre otros.

El 28 de agosto de 2017 se realizó una minga interétnicas en la que se denunció la falta de desminado humanitario y el traslape territorial de territorios indígenas y afrodescendientes. Participaron entonces representantes de la Alcaldía de Riosucio, Gobernador de Chocó, organizaciones indígenas CAMIZBA, ASOWOUDACH, concejales de Riosucio y de la Fuerza Pública.

Estas entidades se comprometieron a:
1. Canalizar el Rio Truandó, Cacarica y Salaqui para facilitar movilidad de las comunidades.
2. Definir límites entre territorios afrodescendientes e indigenas para evitar conflictos interétnicos.
3. Desminar los territorios indígenas para garantizar la movilidad de los pueblos indígenas.
4. Garantizar la participación de los resguardos en los recursos sistema general de participaciones.
5. Garantizar la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado de los pueblos Embera Dóbida, Chami, Eyabida, Larios, Zenú y Wounnan. Al igual que para el pueblo afrodescendiente que vive en los territorios colectivos, que también hoy se movilizan hacia Bogotá.

En 2018, a raíz de la muerte de Ana María Mepaquito causada por una bala perdida por enfrentamientos entre paramilitares y ELN, se hizo una movilización de los resguardos que integran a la CAMIZBA hacia Bogotá, a donde llegaron el 28 de agosto de 2017, en el marco de esta movilización, con la ONIC como garantes, el Ministerio del Interior se comprometió a hacer seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de Riosucio y adicional a estos puntos, se comprometió a fortalecer la guardia indígena, generar proyectos productivos, saneamiento del territorio y a desminar el territorio lo más pronto posible.

Después de los compromisos y acuerdos a los que llegó el Gobierno Nacional y las autoridades indígenas locales, no se ha cumplido ninguno de estos puntos que se concertaron.

Está situación es crítica, si se tiene en cuenta que a pesar de la dejación de armas de las Farc-EP y los acercamientos entre el ELN y el Gobierno Nacional, la paz en los territorios indígenas sigue siendo una deuda histórica.

Por tal razón, como Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC convocamos a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Alta Consejería de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Alcaldia Mayor de Bogotá, Policía Metropolitana y Unidad de Víctimas a que brinden las garantías, logísticas y de seguridad para que esta movilización pacífica se desarrolle sin abusos y acciones desproporcionadas, manteniendo como principio el diálogo, concertación y comunicación.

Solicitamos al Ministerio del Interior a que facilite la agenda con todas las instituciones y ministerios que tienen competencia en el cumplimiento de los acuerdos y convoque a una mesa de diálogo con las autoridades indígenas que se desplazaron hacia Bogotá para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

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