Un hacinamiento del 47 por ciento, 119.000 personas privadas de su libertad, 118 infectados con coronavirus, entre internos y guardias, tres muertos (dos internos y uno que acababa de salir) y 19 presos que han sido trasladados a prisión domiciliaria como parte del decreto expedido por el Gobierno que beneficiaría a alrededor de cuatro mil personas.
Esa es solo una parte del complejo panorama carcelario que enfrenta hoy el país, que desde 1998 está bajo la lupa de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales por la continua violación de derechos fundamentales a la población carcelaria, debido a la falta de servicios básicos, sanidad o el hacinamiento.
Desde la cárcel de Villavicencio, en el Meta, que tiene un hacinamiento del 90 por ciento y donde hay más contagiados, el Gobierno anunció el viernes la asignación de 25.000 millones de pesos para enfrentar la emergencia, la realización de pruebas a los internos y la ubicación de un lugar especial para aislar a la población vulnerable.
Ese día fueron beneficiados 44 internos (de ellos faltan por salir 25). Tras esas medidas, el viceministro de Política Criminal, Javier Augusto Sarmiento, dijo que le enviará a la Judicatura listados “parciales y graduales” de detenidos para no congestionar a los jueces. El primer listado que se envió, dijo, tiene a 600 personas que serán beneficiarias con la casa por cárcel en la primera fase.
Pero ¿son suficientes esas medidas para enfrentar un problema que tiene décadas y que ahora se agudiza por la pandemia?
Para Juan Hernández, investigador de Dejusticia, la crisis se podría aliviar reduciendo factores que favorecen el contagio del virus, como es el hacinamiento. Señaló que para tener un efecto real tendrían que salir de las cárceles 40.000 internos y no cuatro mil como lo planteó el Gobierno.
Asimismo, señaló que es necesario tomar medidas en el tema del servicio de salud, que resulta ser ineficiente en condiciones normales y mucho más ante este tipo de coyunturas. Así quedó evidenciado esta semana en el contrapunteo que se dio entre el director del Inpec, la Uspec y la Fiduprevisora sobre supuestos incumplimientos en la prestación del servicio.
El exministro de Justicia Carlos Medellín dijo que el país está frente a una bomba de tiempo y la salida más efectiva sería la reducción del número de personas en los penales: “Bajo el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, debe otorgarse la detención domiciliaria a todos aquellos sindicados que no representen un peligro para la sociedad. La medida que tomó el Gobierno hace unos días fue correcta pero insuficiente”.
El Gobierno ha señalado que ese primer decreto no es la única medida que ha tomado y que se examina la posibilidad de ampliar el número de beneficiados con la prisión domiciliaria.
El exvicefiscal Francisco José Sintura señaló que el país enfrenta una situación excepcional y que en ese mismo sentido deberían ser las medidas, pues se debe asumir “la vida de los reclusos como un interés jurídico superior”. También dijo que una dificultad es que los jueces puedan resolver estos casos de forma rápida, por lo que se podría poner sobre la mesa que estas medidas también puedan ser tomadas por parte de funcionarios administrativos.
Y el abogado Francisco Bernate aseguró que la lista de beneficiarios debe ampliarse, buscando trámites más expeditos. En cambio, el abogado y juez de garantías Christian Torres opina que la solución no está en disminuir las excepciones, sino más bien en enviar a establecimiento carcelarios transitorios a algunos detenidos.
Para el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, la solución es más de fondo: desarrollar una política criminal para solucionar conflictos sociales sin necesidad de recurrir al Código Penal ni a la cárcel.
Tomado de El Tiempo
