“Con el coronavirus se revive la pena de muerte para los presos”: abogado penalista

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El abogado penalista Felipe Rincón, quien logró un histórico fallo de la Corte Constitucional en el que se ordena al Gobierno nacional a hacer todo lo posible por recuperar la colección Quimbaya que en 1892 fue regalada a la corona española, se mostró preocupado por el riesgo en el que, asegura, se encuentra la población carcelaria, a raíz del coronavirus, que ya alcanza los 1.500 contagios en el país y que deja a la fecha 35 fallecimientos.

De acuerdo con el jurista, el coronavirus no solo afectará a los centros carcelarios, “donde bajo la más indescriptible situación infrahumana conviven miles de seres humanos”, sino que se extenderá al exterior, ya que aseguró “son focos agresivos de contagio al no existir las mínimas condiciones de salubridad, no contar tampoco con servicios de acueducto y sanitarios adecuados; asistencia médica indispensable, y no existir mucho menos la distancia entre las personas que pregonan las autoridades”.

Debido a ello, conceptuó el abogado penalista, “se ha revivido la pena de muerte en Colombia”, señalando que la misma se abolió en el país en 1910, y actualmente se encuentra contemplada en el artículo 11 de la Constitución Política de 1991, así como en tratados internacionales a los cuales se ha adherido el Estado Colombiano.

“Para nadie es un secreto que, para la población carcelaria y los que están en libertad, la pandemia es una gran amenaza que se cierne día a día sobre todos hogares y que aún, si quisiéramos hacernos la prueba de contagio del mortal COVID 19, ello no es posible, imagínense qué puede pasar en un centro carcelario, donde el hacinamiento es una realidad apabullante, con una población carcelaria de 118.769 privados efectivamente de la libertad, que generaba para junio de 2019 un 53,58% de hacinamiento y hoy se estima en un 300%, según el informe del Inpec de 2019”, indicó el abogado Felipe Rincón.

Finalmente el abogado Felipe Rincón instó al Gobierno nacional a emular las decisiones de países como India, China y Estados Unidos, donde afirma, han decidido dejar en libertad a más del 70% de la población carcelaria, al ser conscientes del problema vital por la pandemia del coronavirus.

Otras peticiones

El jurista se une a la petición realizada el pasado 3 de abril por los miembros del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en la que exhortan al Gobierno nacional a agilizar la firma del decreto que permitirá la excarcelación de las personas privadas de la libertad que servirá, según afirmaron, descongestionar las prisiones y evitar complicaciones de salud con esta población recluida en riesgo ante el coronavirus.

Señalaron que una vez la Presidencia de la República promulgue la normativa, empezarán a salir los internos de condiciones especiales hacia sus detenciones domiciliarias, es decir, personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de tres años; reclusos con enfermedades graves como VIH, cáncer, insuficiencia renal, trastorno pulmonar, enfermedades autoinmunes, entre otras; al igual que personas con movilidad reducida por discapacidad y personas con medida de aseguramiento por delitos culposos.

Igual petición hizo la exempresaria del chance, Enilce Rosario López Romero, quien mediante una carta suplica al Gobierno nacional para que se realice una excarcelación masiva.

‘La Gata’, como es conocida Enilce López, y quien cumple una condena de 37 años de prisión por el delito de homicidio, indicó que la pandemia no distingue “privados de la libertad o personas libres”, ante lo que le suplicó al Gobierno le conceda la casa por cárcel a una gran parte de las personas que se encuentran privadas de la libertad, argumentando que las cárceles no cuentan con las condiciones mínimas para el bienestar de los reclusos.

Igualmente, el pasado 20 de marzo, varios senadores le solicitaron al Gobierno nacional que permita una salida masiva de las personas privadas de la libertad, para que sigan pagando sus penas en detención domiciliaria en medio de la crisis del coronavirus.

Entre ellos, el senador Rodrigo Lara le pidió al Gobierno tomar medidas urgentes para proteger a los detenidos, especialmente permitir que los reclusos no peligrosos puedan salir y seguir pagando sus penas en detención domiciliaria.

Otros congresistas que apoyan la iniciativa son Luis Fernando Velasco y Roy Barreras, según publicó la revista Semana.

El borrador del decreto que prepara el Gobierno nacional estima que entre 4 mil y 15 reclusos serían cobijados con casa por cárcel. De acuerdo con las cifras, 6 mil reclusos son mayores de 60 años.

Tomado de El Heraldo

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