En las tres semanas que van de protestas Medellín pasó de ser referente de marchas en paz a empañarse por denuncias de abusos de la Policía contra los manifestantes, más que todo el 4 de diciembre.
A medida que pasan los días y menos gente sale a la calle, se endurece la mano de ‘Fico’ Gutiérrez con el argumento de que no se justifica que la ciudad se paralice, pero eso puede darle impulso a las manifestaciones.
De hecho el comité departamental del paro, que reúne a delegados de las mismas organizaciones del nacional más otros actores, citó a una rueda de prensa este lunes a las 8 de la mañana para anunciar una cuarta movilización el martes y para “denunciar los atropellos de la fuerza pública”, nos dijo uno de sus voceros.
El 4D: más vivo que el 27N y con más garrote
La marcha del miércoles, la tercera grande desde que comenzó el paro, mantuvo la dinámica de las anteriores: coordinación del comité departamental, protagonismo de jóvenes y estudiantes, y un recorrido poco común.
El 27N ese recorrido fue por un barrio popular y esta vez caminaron toda la avenida El Poblado y el sur de Medellín, un sector de estrato alto que no suele verse involucrado por protestas sociales.
La Silla Paisa acompañó por casi doce horas la jornada y evidenció que no tuvo la misma fuerza que la del 21N pero sí más asistencia y energía que la del 27N.
Los barristas del Atlético Nacional y el Independiente Medellín volvieron a salir con sus banderas, y por la tarima rodante pasaron músicos locales que le dieron ambiente de fiesta al recorrido.
Además, por primera vez, los municipios del sur del Valle de Aburrá hicieron su propio recorrido para unirse al de Medellín y le dieron un tinte más juvenil, diferente a la que normalmente encabezan los sindicatos y sectores de izquierda, como hemos contado.
Pese a que gran parte de la jornada transcurrió tranquila, los agentes del Esmad y los carabineros aparecieron más temprano y con más fuerza; y en la noche Medellín fue tendencia nacional en Twitter por videos y fotografías de jóvenes agredidos.
Eso pasó porque, a eso de las tres de la tarde, cuando ya la marcha había terminado y los manifestantes se encontraban en el punto final del recorrido, un grupo de personas decidió bloquear la Regional.
“El día anterior el Congreso había aprobado la Tributaria, de verdad sentimos que no nos están escuchando y pensamos que de verdad hay que tapar las vías para que el paro se sienta, para que nos escuchen”, nos dijo Samanta, una estudiante de artes escénicas de la Universidad de Antioquia, quien con no más de cien personas, la mayoría estudiantes y barristas, empezaron a ocuparla y a cantar consignas en contra del gobierno.
“Les decíamos a la gente que estaba en los carros: no estamos encapuchados, pueden mirarnos a los ojos y saber quiénes somos”, nos narró la estudiante.
Según autoridades, organizadores del paro y defensores de derechos humanos que acompañaban la marcha, desde el Puesto de Mando Unificado que lidera la Alcaldía instruyeron a Personería y Defensoría de persuadirlos de que se fueran de la vía.
Luego de intentarlo con varios voceros y ante la negativa de los manifestantes, llegaron carabineros y agentes del Esmad a disolverlos con bolillos y bombas aturdidoras.
Despejaron rápidamente la vía y la mayoría de manifestantes se ubicaron a los alrededores de la plazoleta de Ciudad del Río, en la que había una tarima dispuesta para un concierto con 15 artistas locales que iría hasta la medianoche.
Esa plazoleta está justo frente de dos vías principales (Las Vegas y la Regional), a un lado está la Clínica de Prado, que atiende partos todos los días, al otro están el hotel Ibis y sedes de empresas como Caracol Radio y Comfama, y detrás están el Museo de Arte Moderno, restaurantes y varios edificios residenciales; lo que lo hace un punto exclusivo de la ciudad.
Eso pudo incidir en que, tres horas después, cuando unos pocos manifestantes seguían bloqueando Las Vegas y en el PMU vieron por cámaras a varios de ellos con caras tapadas y con acciones que parecían las de fabricar explosivos improvisados, la Fuerza Pública volviera a intervenir.
Según nos contó el comandante de la Policía, general Eliécer Camacho, luego de agotar de nuevo la mediación de Personería y Defensoría, la directriz fue que ingresara el Esmad no solamente a despejar la avenida, sino a disolver toda la concentración.
“Un grupo de 40 a 60 encapuchados se replegó donde estaba el resto de la concentración, y ahí es muy difícil identificar quiénes sí y quiénes no”, aseguró el General. “Y teníamos que evitar esos hechos vandálicos”.
Por eso unos 200 policías entre carabineros, Esmad y de vigilancia, llegaron a la plazoleta y empezaron a sacar y luego a retener a todos los que se encontraban en el lugar.
Eso generó no solo una ráfaga de denuncias por redes sociales, con fotografías de rostros de jóvenes golpeados y videos donde se evidencia la violencia con la que policías trataron a muchos manifestantes; sino el rechazo de organizaciones sociales a lo que llaman medidas represivas del Estado.
El impacto de esas quejas es lo que puede darle más fuerza y más razones a los plantones y marchas que se vienen esta semana.
La gasolina para el 10D
“Estoy seguro que la afectación y el daño fue mínimo”, nos dijo el general Camacho, quien defiende como necesaria la intervención del Esmad para reaccionar ante los encapuchados que se mezclaron entre cerca de 800 personas que disfrutaban del concierto.
El saldo final fueron 55 personas conducidas a diferentes Centros de Traslado de Protección CTP, y varias denuncias de agresiones físicas y hurtos por parte de los agentes a civiles.
La declaración del General contrasta con las fotografías de por lo menos tres jóvenes con sus caras golpeadas, que aseguran haber sido atacados por los policías de forma arbitraria.
Uno de los casos más difundidos en redes fue el de Érica Cifuentes, una estudiante de psicología de la Universidad de Antioquia que trabaja en campañas en contra de violencia de género en la Comuna 1 con la corporación Convivamos.
Érica le contó a La Silla que dos policías mujeres la retuvieron y la golpearon cuando se resistió a dejarse montar a la patrulla, y que más tarde otro policía siguió golpeándola y amenzándola con violarla. Luego de la revisión en Medicina Legal le dieron 12 días de incapacidad.
Otro caso fue el de Santiago Vargas, un estudiante de fotografía de Bellas Artes que suele asistir a las marchas de la ciudad a hacer registros audiovisuales. Nos contó que recuerda que fueron alrededor de ocho policías y agentes del Esmad más un carabinero los que lo agredieron cuando grababa con su cámara las detenciones de la Policía.
Santiago denuncia la pérdida total de su equipo y Medicina Legal le dictaminó 35 días de incapacidad, hematomas en la cabeza y ruptura de algunos de los huesos de la nariz.
La Silla conoció también el caso de Orlando Escobar, un hombre de 55 años que hace parte de la Red de Artistas del Valle de Aburrá. Nos contó que lo golpearon con bolillos, lo requisaron, le quitaron su celular y el dinero, y lo condujeron a un centro de detención donde le hicieron un comparendo.
También conocimos el caso de Kevin Salazar, un joven estudiante de comunicación audiovisual de la Universidad de Antioquia, quien no se encontraba en la concentración porque salió de trabajar pasadas las 6 de la tarde y llegó a Ciudad del Río antes de que oscureciera, buscando algunos amigos.
Según él, dos policías lo retuvieron, le pegaron con bolillos en la cara y lo trasladaron hasta el CTP de Barrio Triste. También denuncia la pérdida de su mochila con sus pertenencias.
Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, ONG que lleva casos en defensa de líderes de derechos humanos, estuvo haciendo un registro de todos los retenidos esa noche.
Él cuenta que entre los más de 50 que reportaron sus casos en la Corporación, estaban tres defensores de derechos humanos del Observatorio Fabiola Lalinde, que estaban identificados con chalecos en la marcha y mediaban entre las autoridades y manifestantes, al igual que el líder juvenil Giovanni Romaña, quien también actuaba como mediador.
Incluso al reconocido activista ambiental Daniel Suárez, uno de los organizadores espontáneos del paro, la Policía lo retuvo y le destruyó el celular luego de que llamara al secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, para reportarle la situación.
En este caso el Secretario intervino para que lo dejara en libertad junto con una amiga que lo acompañaba y a quien también intentaron conducir a un CTP.
Todas esas denuncias generaron que, un día después, la Procuraduría citara al General Camacho para notificarle que empezaría a investigar las denuncias de presunto abuso de fuerza de sus hombres esa noche.
A parte, 19 organizaciones sociales sacaron ayer un comunicado en el que dicen que rechazan y condenan “el actuar arbitrario de los agentes policiales, llamamos a las autoridades municipales para que asuman la responsabilidad correspondiente y tomen la rienda sobre el actuar de los agentes a su cargo”.
Entre ellas firmó la Corporación Región y Viva la Ciudadanía, dos organizaciones tradicionales en Medellín, que vienen acompañando y promoviendo el paro desde que comenzó y que por su reconocimiento, tienen capacidad de convocatoria.
Con eso, y con la agenda para esta semana para continuar las marchas, todavía hay gasolina para que el Paro Nacional continúe en Medellín, aunque con más presión de fuerza pública.
Tomado de La Silla Vacía