En dos años la JEP ha abierto 7 macrocasos sobre los crímenes más graves y representativos del conflicto armado. Ha sido una tarea ardua en la que ha sobresalido la participación de las víctimas.
En el caso de secuestro, la JEP recibió los informes de las víctimas de casos emblemáticos y acreditó a 1.736 personas, y en el caso de los “falsos positivos», las madres de Soacha realizaron sus observaciones sobre las versiones presentadas por miembros de la fuerza pública.
En los casos que estudian situaciones territoriales se han logrado importantes acreditaciones, como la del pueblo awá y su territorio (en el Caso 02 sobre Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, Nariño), la de 27 colectivos de víctimas (en el Caso 04, sobre el Urabá antioqueño y chocoano) y más de 100 mil víctimas de 31 resguardos y cabildos indígenas (en el Caso 05, sobre el norte Cauca y sur de Valle del Cauca).
En el caso que investiga la victimización contra la Unión Patriótica avanza el proceso de acreditación colectiva de las víctimas de ese movimiento político, que suma más de 6 mil personas. Y en el caso sobre reclutamientos de niños, niñas y adolescentes, se priorizó el estudio de 8.839 hechos victimizantes.
