Concejal y policía de Calima a prisión por presunta extorsión a pareja

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Héctor Fabio D. B., subintendente de la Policía, y Jairo Ortiz, concejal electo del municipio de Calima, fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. | Foto de la Fiscalía General de la Nación, FGN

VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (16 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Jairo Ortiz, concejal del municipio de Calima, y Héctor Fabio D. B., subintendente de la Policía Nacional, por presuntamente haber exigido dinero a una pareja para manipular un proceso judicial en curso.

Ambos funcionarios fueron acusados del delito de concusión y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en un centro carcelario.

Según las investigaciones, los procesados habrían solicitado el pago de 70 millones de pesos para retrasar una investigación judicial que involucraba a una de las víctimas. Las pruebas indican que el concejal Ortiz habría contactado a la pareja, citándolos en su residencia, donde se presume que recibió un pago inicial de dos millones de pesos. Posteriormente, el subintendente Héctor Fabio sería el encargado de recibir el resto del dinero.

El concejal Ortiz fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín mientras se dirigía a la Alcaldía de Calima. Por su parte, el subintendente fue detenido en el Comando de la Policía del municipio.

Este caso pone de manifiesto los esfuerzos de las autoridades por combatir la corrupción dentro de las instituciones públicas, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.