Fueron analizados en plenaria los retos actuales del Acuerdo 145 de 2019, por el cual se creó la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas del Municipio de Medellín – PPPMAEP.
El concejal Daniel Duque, primera bancada citante, dijo que el Acuerdo ayuda a cerrar las brechas de desigualdad en Medellín, lo cual fue solicitado por los ciudadanos para proteger los derechos de las personas que habitan los sectores que van a ser intervenidos por obras públicas, como el proyecto más reciente que se está ejecutando como El Metro Ligero de la 80, y también de otras obras de infraestructura que ya se ejecutaron y que han dejado varios damnificados.
El Corporado enfatizó que esta Política también debe beneficiar a las familias que se han visto amenazadas por desastres naturales. Por último, hizo un llamado para avanzar en la reglamentación de la misma y buscar su financiación.
Por su parte, el corporado Fabio Humberto Rivera, segunda bancada, aseguró que antes del Acuerdo 145 había menos posibilidad para proteger y compensar a los moradores ya que se limitaba a basarse en la ley, la cual miraba solo el valor de la tierra sin tener en cuenta otros aspectos, con este instrumento, la Administración Municipal puede ir más allá de la simple valoración de la tierra.
Así mismo recalcó que en terrenos donde haya amenaza de desastre, el Municipio debe intervenir y prevenir cualquier afectación evitando que se invadan zonas de riesgo.
Sobre el tema, la cabildante Lina García, tercera bancada citante, aseguró que es necesario avanzar en la reglamentación no solo en proyectos como el Metro Ligero de la 80, sino en otros con componentes en desastres, calamidad pública y en desarrollos urbanísticos. Finalmente recalcó que el reto principal es el papel que jugarán las diferentes entidades de la Administración y los recursos que se se destinen para su implementación.
De otro lado, la concejala Dora Cecilia Saldarriaga, manifestó que la gran mayoría de las víctimas del desarrollo aún no han encontrado una respuesta satisfactoria a sus necesidades por parte de la Administración Municipal y recordó que su voto para las vigencias futuras del proyecto del Metro de la 80 fue negativo, porque había cuestionado la importancia de un presupuesto para la Política Pública de Moradores.
A su turno, Nelson Valderrama, del Departamento Administrativo de Planeación-DAP, aseguró que en la actualidad el Acuerdo se encuentra en fase de implementación y para lograrlo, se han suscrito dos contratos interadministrativos con el ISVIMED, la Universidad Nacional y las diferentes mesas de trabajo que se han instaurado en torno a la aplicación de la Política Pública.
Bajo la misma línea, Jessica Barrios, en representación del ISVIMED, manifestó que la entidad viene adelantando el primer piloto de implementación del Protocolo de Protección a Moradores en el barrio Cerro El Volador de la Comuna 7- Robledo, zona impactada por el Tren de la 80, donde se han identificado 170 predios en esta primera etapa.
De igual forma, la directora de Gestión Predial de la EDU, Ana María Sierra, aseguró que este instrumento permitirá un mejor entendimiento entre la Administración Municipal y las poblaciones impactadas por proyectos de obras públicas, añadió que en eta primera fase se procederá con la identificación predial de los inmuebles y se definirá cuáles serán objeto de adquisición en forma parcial o total.
Expertos y comunidad en general coincidieron en que la política es la conciencia del POT, la cual debe estar enmarcada en los principios de igualdad, participación, inclusión y acceso a la justicia, teniendo en cuenta las zonas de alto riesgo.
