BOGOTÁ, COLOMBIA (24 MAR 2024) – En un fallo que marca un precedente en la lucha contra la desaparición forzada en Colombia, la Fiscalía General de la Nación consiguió una condena de 42 años y seis meses de prisión contra Carolina Galván Cuesta y Nilson Bladimir Díaz Valenzuela. Este par fue hallado culpable por la desaparición de una menor de tan solo 23 meses en enero de 2021, en el suroccidente de la capital colombiana.
El caso, que ha conmocionado a la opinión pública y generado un clamor por justicia, llegó a su punto culminante gracias al material de prueba irrefutable presentado por la Fiscalía. Este permitió que una juez especializada de Bogotá determinara la responsabilidad de Galván Cuesta y Díaz Valenzuela en los hechos.
La investigación, dirigida por un fiscal del Grupo Nacional de Género, reveló cómo Galván Cuesta recogió a su hija de la vivienda de una hermana en el barrio Roma, localidad Kennedy, donde la niña había estado bajo cuidado desde septiembre de 2020. A pesar de las promesas de retornar con la menor, nunca cumplió. Posteriormente, se descubrió que la acusada se trasladó con la niña a la residencia compartida con Díaz Valenzuela, donde la pareja ofreció versiones contradictorias sobre el destino de la menor, cuyo paradero sigue siendo desconocido.
La sentencia incluye, además de la pena privativa de libertad, una multa de 3.874,995 salarios mínimos legales mensuales vigentes, resaltando la gravedad del delito de desaparición forzada agravado. Este caso no solo refleja los desafíos en la protección de los más vulnerables, sino también la determinación de las autoridades colombianas para asegurar que los responsables de tales actos enfrenten la justicia.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
