Las víctimas viajaron de Cali a Chocó para atender una supuesta oferta laboral y allí fueron retenidas ilegalmente.
FGN
CHOCÓ, COLOMBIA. (13 ABR 2025) – La justicia colombiana condenó a 41 años de prisión a Fabio Andrés Garcés Olier, alias Pica o Picapiedra, por su responsabilidad en el secuestro extorsivo, tortura y desaparición forzada de dos hombres que viajaron desde Cali a Quibdó (Chocó) engañados por una falsa oferta laboral.
Los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2023, cuando las víctimas llegaron por vía terrestre a la capital chocoana tras recibir una supuesta propuesta para trabajar en una mina. Al llegar al lugar de encuentro, fueron abordadas por tres sujetos que se identificaron como miembros de la estructura criminal conocida como ‘Los Caparros’, quienes las retuvieron ilegalmente.
Durante su cautiverio, las víctimas fueron sometidas a tratos crueles, humillaciones, amenazas con armas de fuego y golpizas. Sus cuerpos permanecen desaparecidos hasta la fecha. Sin embargo, los secuestradores contactaron a los familiares para exigir 60 millones de pesos como pago por una liberación que nunca se concretó.
Las investigaciones adelantadas por un fiscal del Gaula de la Seccional Chocó permitieron establecer que alias Picapiedra, pese a estar recluido en la cárcel de Popayán (Cauca) al momento de los hechos, coordinó y ejecutó las llamadas extorsivas. Al ser vinculado penalmente al caso, aceptó los cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado, desaparición forzada agravada y tortura agravada, lo que permitió dictar sentencia anticipada.
Como parte de la condena, el procesado continuará cumpliendo su pena en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar (Cesar), donde permanece privado de la libertad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.