Fueron declarados responsables de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, destrucción y apropiación de bienes protegidos, delitos contra comunidades étnicas y otras conductas criminales cometidas entre 1995 y 2005.
Bogotá, Colombia, 27 de marzo de 2025.- La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en atención a las pruebas y argumentos presentados por un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional, condenó a 25 exintegrantes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su responsabilidad en 105 hechos delictivos perpetrados en el contexto del conflicto armado entre 1995 y 2005.
Entre los condenados se encuentran figuras clave de esta estructura paramilitar, como Atanael Matajudíos Buitrago, alias Juancho, segundo cabecilla y jefe del Frente Norte; Diego Hernán Vera Roldán, alias Águila, jefe armado; Ricaurte Soria Ortiz, alias Jetechupo u Orlando Carlos, jefe financiero de la zona sur; y José Albert Rivera Vera, alias Diecinueve, además de patrulleros, integrantes de escuadra, urbanos y contraguerrilla.
La condena incluye su participación en masacres como las de Montefrío (10 víctimas), Montoso (asesinato del líder comunal Humberto Millán Millán), El Neme (cuatro personas torturadas y asesinadas) y Santiago Pérez (tres habitantes ejecutados tras ser señalados erróneamente como colaboradores guerrilleros). Estas acciones fueron solo una parte de un amplio repertorio criminal que también incluyó desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, destrucción de bienes protegidos y delitos contra comunidades étnicas.
Durante el proceso, se acreditó que estas conductas generaron un clima de terror prolongado en las zonas de influencia del Bloque Tolima, afectando gravemente a la población civil. Como parte de la reparación, se decretó la extinción de dominio sobre tres bienes entregados por el postulado Ricaurte Soria Ortiz, destinados a indemnizar a 69 víctimas directas y 74 indirectas de los hechos de esta sentencia, así como a 33 víctimas directas y 45 indirectas de decisiones anteriores.
Las penas impuestas a los postulados oscilan entre 240 y 480 meses de prisión, con multas de hasta 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidades para ejercer cargos públicos. No obstante, como parte del proceso transicional bajo la Ley de Justicia y Paz, todos recibirán una pena alternativa de 8 años de prisión, condicionada a la verdad, reparación y no repetición.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.