Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por su rol de defensor de derechos humanos y las continuas denuncias que hacía de malversación de recursos públicos en Ocaña (Norte de Santander).
Norte de Santander, Colombia, 17 de abril de 2025.- Una juez penal de conocimiento de Cúcuta impuso una pena de 39 años de prisión contra Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Minguí, tras hallarlo responsable del homicidio del defensor de derechos humanos Jorge Luis Solano Vega, ocurrido el 3 de noviembre de 2020 en el municipio de Ocaña.
La decisión se tomó con base en los argumentos presentados en juicio oral por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), que demostró la participación activa del condenado en la planeación y ejecución del crimen. Alias Minguí fue declarado culpable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.
Jorge Luis Solano Vega era presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña. Según la investigación, fue interceptado y atacado por hombres armados frente a su vivienda en el barrio Miraflores.
La Fiscalía estableció que Minguí coordinó la acción criminal con otros dos sujetos, identificó la residencia de la víctima, gestionó el arma utilizada y se encargó de distribuir el dinero recibido por cometer el homicidio.
Durante el juicio también se acreditó que el asesinato de Solano Vega obedeció a su labor social y a las denuncias que realizaba sobre presuntas irregularidades en contratos del municipio.
La condena es de primera instancia y contra esta decisión proceden los recursos de ley.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.