BOLÍVAR, COLOMBIA (25 SEP 2024) — Fredy H. R., exagente de tránsito del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), fue condenado a 8 años de prisión por el delito de concusión, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que utilizó su posición para intentar inducir a un conductor a entregarle dinero a cambio de no imponerle un comparendo.
Los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2017 en el corregimiento de Pasacaballo, cuando Fredy H. R. detuvo a un conductor por no portar extintor en su vehículo. Aprovechando su autoridad, el exagente de 44 años presionó al ciudadano para que le entregara dinero o algún tipo de dádiva con el fin de evitar la infracción. Ante la negativa del conductor, el uniformado lo amenazó con acudir a una grúa para inmovilizar el vehículo, una medida que no está contemplada en la reglamentación de tránsito para este tipo de infracción.
Gracias a las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad de Administración Pública, un juez de conocimiento condenó al agente a pagar una multa de 66,66 salarios mínimos legales vigentes y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por 80 meses. Actualmente, el exfuncionario se encuentra recluido en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena.
Este caso subraya la importancia de denunciar cualquier abuso de autoridad y corrupción en el ejercicio de funciones públicas. La Fiscalía General de la Nación reitera su compromiso de perseguir estos actos y garantizar la transparencia y legalidad en el servicio público.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.