VALLEDUPAR, CESAR, COLOMBIA (21 ABR 2024) – Elkin José Bermúdez Guerra, conocido por el alias «Turbo», ha sido condenado a 25 años y 8 meses de prisión por su participación en el homicidio de tres indígenas kankuamos en octubre de 2003. Este caso, que ocurrió en una zona rural de Valledupar, Cesar, destaca por la gravedad de los crímenes y la vulnerabilidad de las víctimas, quienes pertenecían a la etnia kankuama.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, presentó pruebas concluyentes que demostraron cómo Bermúdez Guerra y otros exintegrantes del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia ejecutaron un patrón de violencia en contra de los indígenas. El primer acto violento se llevó a cabo en una parcela donde Ernesto Feliciano Maestre Arias fue intimidado, atado, herido con un cuchillo y finalmente asesinado a tiros.
Los agresores continuaron su jornada de violencia al trasladarse a otros dos predios, donde Pedro Nicanor Arias y Francisco Escobar Montero fueron también brutalmente asesinados. Estos actos se inscriben dentro de una serie de ataques sistemáticos impulsados por las estructuras paramilitares contra la comunidad kankuamo, reflejando un patrón de violencia indiscriminada.
Alias «Turbo» reconoció su participación en estos hechos y optó por someterse a una sentencia anticipada, acogiéndose a los parámetros de la Ley 600 de 2000 (antiguo Sistema Penal Acusatorio). Además de la pena de prisión, un juez penal de Valledupar le impuso una multa equivalente a 5.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta condena no solo representa un paso hacia la justicia para las víctimas y sus familias, sino también un firme recordatorio de la lucha continua contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en Colombia.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
