También, el Tribunal Superior de Yopal dejó en firme en segunda instancia una multa de 9.366.66 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) en contra de Jon Edilson Roa Patarroyo y Víctor Manuel Camacho Flórez.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
YOPAL, COLOMBIA, (14 SEP 2024) – El Tribunal Superior de Yopal ratificó la condena de 40 años de prisión y una multa de 9.366.66 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) en contra de Jon Edilson Roa Patarroyo y Víctor Manuel Camacho Flórez, por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas, ambos agravados.
La investigación, adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, demostró que el 25 de abril de 2020, entre las 8:45 y 9:30 de la mañana, los condenados ingresaron a la finca La Macolla, en el municipio de Orocué (Casanare), con el fin de secuestrar al ganadero Jaime Rueda Guarín. Los procesados, en compañía de otras dos personas, ocultaron sus rostros con capuchas y utilizaron armas de fuego para amenazar a los trabajadores de la finca y llevarse al ganadero.
Los secuestradores planeaban entregar a la víctima a grupos armados organizados que operan en la frontera con Venezuela, como las disidencias de las FARC o el Bloque Oriental del ELN, a cambio de dinero. Sin embargo, Rueda Guarín nunca fue entregado y se encuentra desaparecido desde el día de su secuestro.
El pasado 5 de marzo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Yopal emitió una sentencia de 40 años de prisión para Roa Patarroyo y Camacho Flórez, junto con la multa impuesta. Esta decisión fue apelada por sus defensores, pero el Tribunal Superior de Yopal confirmó la condena en segunda instancia, reafirmando la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.