Bogotá, 15 mar – El Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia confirmó este lunes la presencia de al menos una menor de 16 años entre los fallecidos en el bombardeo militar contra disidentes de las FARC el pasado 2 de marzo en el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare (sur).
Tras concluir las necropsias e identificación de ocho de los diez cadáveres recibidos el 4 de marzo, Medicina Legal concluyó que entre ellos se encontraba una «mujer adolescente de 16 años», mientras que el resto de los identificados son mujeres y hombres jóvenes menores de 31 años.
«Las labores científicas continuarán para establecer la identidad de los otros dos cuerpos que reposan en el Instituto», dijo la institución en un comunicado.
La semana pasada el periodista y exconcejal de Bogotá Hollman Morris dijo en un video que recibió las denuncias de organizaciones, defensores de derechos humanos y familias de la zona según las cuales «en dicho bombardeo llevado a cabo en la vereda Buenos Aires (…) habrían muerto aproximadamente 14 menores de edad».
La denuncia, de la que se hicieron eco parlamentarios de la oposición, hablaba incluso de niños de 9 años, que fueron víctimas de esta operación militar contra un campamento donde supuestamente se encontraba Miguel Botache, alias «Gentil Duarte», jefe de uno de los grupos disidentes de las FARC.
El pasado 3 de marzo, el Ministerio de Defensa informó que diez guerrilleros de las disidencias de las FARC habían muerto en el bombardeo de las Fuerzas Militares en Calamar y que otros tres habían sido capturados. Además, dos menores que allí se encontraban fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
OFENSIVAS CONTRA «MÁQUINAS DE GUERRA»
Sin confirmar la presencia de menores entre los fallecidos, pero sí que se conocía, por informes de inteligencia, que en el campamento de Calamar había menores, el ministro de Defensa, Diego Molano, se excusó con que los menores reclutados por los grupos armados son «máquinas de guerra» que dejan de poder ser consideradas víctimas cuando cometen «delitos».
En una investigación publicada el pasado 12 de marzo por Caracol Radio, se desvelaron los chats de la menor fallecida, identificada por el medio como Danna Montilla, con un profesor, en los que en mayo de 2020 pedía que se le matriculara a distancia para poder seguir estudiando.
La joven quería matricularse en un colegio de San José de Guaviare, y que por ese medio le enviaran el material, aunque avisaba que «el problema es que yo no puedo regresar a las clases cuando se acabe la cuarentena», pero quería seguir estudiando a distancia.
El 20 de noviembre, la joven fue reportada como retirada del colegio, y el profesor entonces reportó su posible reclutamiento, por las sospechas que tenía, aunque este tipo de alertas tardan mucho tiempo en resolverse.
No es el primer caso reciente de menores muertos en una operación militar, ya que el 29 de agosto de 2019 la Fuerza Aérea bombardeó otro campamento de disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán, Caquetá (sur).
Más de dos meses después se reveló que entre los «neutralizados» había ocho menores, lo que aceleró la dimisión del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero.
La justificación del ministro actual, que va contra el derecho internacional y la jurisdicción nacional que consideran a un menor de 18 años reclutado siempre como víctima, provocó una gran indignación en el país, y reacciones internacionales.
«Según normas nacionales e internacionales los niños, niñas y adolescentes reclutados son víctimas y sus derechos deben prevalecer», alegó Unicef Colombia en sus redes sociales el pasado 10 de marzo.
A pesar de todo, Molano insiste en sus afirmaciones y explicó que por estos hechos no se van a parar las operaciones militares contra grupos disidentes o paramilitares.
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