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Congreso de los Pueblos denuncia sistemática y preocupante persecución en su contra

En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos hizo pública su denuncia ante la ciudadanía colombiana, las autoridades de control y protección de los derechos humanos, las organizaciones sociales y la comunidad nacional e internacional, por la delicada situación de persecución que fuerzas oscuras adelantan contra la organización social y política.

El Congreso narró que hace un par de días fue secuestrado Julián Andrés Gil Reyes, secretario técnico de la organización y de quien aún no se tiene información:

“Aproximadamente a las 2:15 pm, del miércoles 6 de junio de 2018 fue detenido en Bogotá nuestro compañero y colaborador Julián Andrés Gil Reyes, quien se desempeña como secretario técnico, y miembro de la comisión internacional del Congreso de los Pueblos”.

“Julián detectó extraños seguimientos de sujetos de civil, desde días anteriores haciendo registro fotográfico y monitoreo de las actividades de la sede del Congreso de los Pueblos en donde labora y desarrolla sus actividades laborales y políticas”.

“Cuando se disponía a salir de la sede, justo en la entrada, fue abordado por cinco sujetos de civil y dos uniformados al parecer de la policía nacional, quienes lo introdujeron en un vehículo sedán particular marca Renault, de color azul grisáceo de placas ZJN – 059 de Zipaquirá, y fue conducido al comando de Policía de Cundinamarca, ubicado en Bogotá en la Avenida las Américas con carrera 53”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos exige vehementemente a las autoridades, en especial a la Fiscalía General de la Nación, “brindar todas las garantías procesales constitucionales y legales al ciudadano Julián Andrés Gil Reyes, y parar de manera inmediata la persecución contra los líderes y lideresas sociales en Colombia”.

Finalmente, la organización denuncia en el texto esas detenciones irregulares como “una estrategia de judicialización y criminalización del Estado Colombiano para desmantelar las organizaciones sociales e impedir el constitucional derecho a la protesta y al desarrollo de los principios democráticos”.

Con información de www.congresodelospueblos.org

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