El Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la elección del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien se ha convertido en una figura controvertida por desatinos como el de viajar al Caribe en compañía de su hija en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus.
Ahora el máximo tribunal de lo contencioso administrativo deberá decidir si Barbosa cumple un periodo propio de cuatro años desde el momento de su elección, o si culmina el de su antecesor, Néstor Humberto Martínez, que acaba el próximo 31 de julio.
Los demandantes aseguran que el acto que designó a Barbosa es ilegal porque debía ser elegido para completar el periodo de Martínez y no por un tiempo individual de cuatro años.
Martínez renunció el 15 de mayo de 2019 por estar en desacuerdo con la determinación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que denegó la petición de extradición que hizo Estados Unidos por el exjefe de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», quien ahora hace parte de las disidencias de esa guerrilla.
«El Consejo de Estado admitió, para su estudio, la demanda por medio de la cual se persigue la nulidad del aparte del acto de elección del fiscal general Francisco Barbosa que permite establecer su permanencia en el cargo por cuatro años, contados a partir de su posesión», señaló el alto tribunal en un comunicado.
Barbosa fue elegido en propiedad en enero de este año tras la salida de Martínez.
FISCAL POLÉMICO
Barbosa se ha visto varias veces envuelto en polémicas como la originada por un viaje al Caribe en compañía de una de sus hijas durante la pandemia del coronavirus o por formular cargo de acceso carnal abusivo y no de acceso carnal violento a siete militares que violaron a una niña de 12 años de la comunidad indígena embera chamí.
El propio Barbosa admitió en junio pasado que su hija y una amiga de ella lo acompañaron en un viaje a la isla de San Andrés pese a las restricciones turísticas por la emergencia sanitaria.
La polémica se desató porque el fiscal fue acusado de utilizar el viaje institucional para hacer turismo en la isla e incluso hospedarse en un lujoso hotel de propiedad de un empresario cercano al Gobierno y conocido en el país por financiar campañas políticas, según denunció en su momento el noticiero de televisión Noticias Uno.
En el caso de la violación a la niña indígena, perpetrada el mes pasado en el caserío de Santa Cecilia del departamento de Risaralda (centro) por siete militares del Batallón San Mateo, penalistas consideraron que la acusación de la Fiscalía estuvo mal hecha porque no corresponde al delito que cometieron.
Los reclutas fueron acusados del delito de acto sexual abusivo, pero los penalistas consideraron que lo que debió imputarse era acceso carnal violento agravado con menor de 14.
EFE
