El Consejo de Estado acogió el concepto de la Procuraduría General de la Nación que solicitó la pérdida de investidura de los senadores Plinio Olano Becerra y Bernardo Elías Vidal, por indebida destinación de recursos públicos y tráfico de influencias en favor de la multinacional Odebrecht.
El delegado del Ministerio Público señaló que Olano Becerra y Elías Vidal se valieron de sus cargos como senadores, para incidir directamente en la exigencia y fijación de los términos para la celebración del contrato Ruta del Sol II, omitiendo la normatividad vigente e imponiendo adiciones extravagantes, ajenas y contrarias a los principios de la contratación pública.
Con este actuar, señaló la Procuraduría, primó el interés particular en favor de una empresa extranjera sobre los deberes que correspondía a los senadores desempeñar, entre ellos el compromiso como representantes de la ciudadanía para salvaguardar los intereses públicos.
El Consejo de Estado señaló que los parlamentarios participaron de manera intencional, y que orientaron sus facultades y acciones al servicio de intereses privados, al gestionar para la multinacional Odebrecht, diversos procesos contractuales, no solo frente a entidades públicas sino ante el propio Congreso, obteniendo prebendas y causando un detrimento al patrimonio público y a la moralidad administrativa.
