Santiago de Chile, 11 de diciembre de 2021 – El suicidio de un joven de 26 años que fue herido en uno de sus ojos durante una manifestación por agentes del Estado ha generado consternación en Chile, que a finales de 2019 vivió la crisis más grave desde el retorno a la democracia en 1990.
Patricio Pardo, de la ciudad costera de Valparaíso, «no logró salir de su depresión, luego de ser mutilado por agentes del Estado», informó la noche del viernes la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular.
«No nos podemos sentir ajenos a esta desgracia que nos enluta a todos, por él y por todos los compañeros vulnerados en sus derechos, no podemos permitir que el Estado nos siga abandonando y dañando día a día», agregó la asociación que reúne a la mayoría de los 400 manifestantes que resultaron con heridas oculares durante el estallido.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) afirmó el domingo en Twitter que la muerte de Pardo «confirma la urgencia de apoyo psicológico y una ley de reparación integral a las víctimas de violaciones a los DD.HH. ocurridas desde el 18 de octubre de 2019».
Aquel día estalló en Chile una ola de protestas contra la desigualdad y el actual modelo económico sin parangón desde el fin de la dictadura, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos e incendios.
Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron también denuncias contra las fuerzas de seguridad por parte de la ONU y Amnistía Internacional.
También reaccionaron a la muerte del joven figuras políticas como la diputada comunista Carmen Hertz, quien sostuvo que «la impunidad hiere el alma de la sociedad y martiriza a sus integrantes», o la diputada electa Emilia Schneider, para quien «las víctimas de violaciones a los DDHH han sido abandonadas por el Estado».
«Nuestros jóvenes merecen vivir en un Chile justo, sin impunidad ni discursos negacionistas», añadió por su parte la escritora y Premio Nacional de Periodismo Faride Zerán.
El pasado octubre, la ONU pidió al Estado chileno en un duro informe «profundizar sus esfuerzos» para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas en las masivas protestas, que se desinflaron con la llegada de la pandemia.
«Valoramos los esfuerzos del Estado (…) Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición», subrayó el representante de ONU DDHH en América del Sur, Jan Jarab.
El proceso constituyente en el que está inmerso Chile se gestó precisamente en las protestas y el plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 para cambiar la actual Constitución -heredada de la dictadura- fue la salida institucional que encontró el país para calmar la crisis.
EFE
