Caracas, 15 diciembre de 2024.- La Constitución de Venezuela llega este domingo a sus 25 años con un cuestionado cumplimiento de sus preceptos y un país alejado del descrito en la carta magna -aprobada en referendo popular el 15 de diciembre de 1999-, de lo que se acusan mutuamente el chavismo y la oposición.
El texto, que obtuvo un 71 % de votos a favor -en una jornada marcada por una alta abstención y un desastre natural que segó la vida de miles en el norte del país-, fue elaborado para «establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica», en un «Estado de justicia» que «consolide los valores de la libertad» y garantice los derechos humanos.
Un cuarto de siglo después, la refundada como ‘República Bolivariana’ vive una de sus mayores crisis políticas, desatada tras las presidenciales de julio y marcada por protestas, operativos policiales, 28 muertes y 2.400 detenciones -según cifras oficiales-, denuncias de violaciones a DD.HH., incertidumbre, conflictos diplomáticos y supuestos planes terroristas y de magnicidio.
A continuación, algunos de los artículos constitucionales más invocados en este contexto:
Art. 5: La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.
El candidato del mayor bloque opositor -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, citó este artículo en defensa de su reclamado triunfo en los comicios, un proceso empañado por la denuncia de fraude de la coalición y un amplio cuestionamiento internacional a la proclamada reelección de Nicolás Maduro, quien también reivindica la soberanía popular que -asegura- lo apoyó a él.
Art. 68: Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas.
Según el Observatorio de Conflictividad Social (OVCS), hubo 5.005 protestas entre enero y noviembre, de las cuales -indica- 218 fueron reprimidas. Los días más caldeados fueron los posteriores a las elecciones, con manifestaciones señaladas por la PUD como «expresiones espontáneas y legítimas» y por el oficialismo como «guarimbas (revueltas violentas) criminales» y «terroristas».
Art. 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
Familiares de quienes consideran «presos políticos», activistas y ONG denuncian violación al debido proceso, imposibilidad de designar abogados y acceder a los expedientes, incomunicación, condenas anticipadas, presiones para atribuirse hechos que -aseguran- «no cometieron», traslados lejos de sus lugares de residencia sin previo aviso, malos tratos y falta de atención médica, señalamientos que el Gobierno niega y califica de falsos.
Art. 130: Los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria.
El Parlamento -controlado por el chavismo- insistió este año en legislar contra los «traidores a la patria» con base en el artículo 130, y una de sus más recientes acciones fue aprobar la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar’, que establece penas de 25 a 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros (1.050.400 dólares) para quienes promuevan o estén implicados en sanciones extranjeras, así como la inhabilitación política de 60 años.
Art. 328: La Fuerza Armada constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, (…) al servicio exclusivo de la nación y, en ningún caso, al de persona o parcialidad política alguna.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), llamada «profundamente chavista» por Maduro, ratificó su «absoluta lealtad y subordinación» al jefe de Estado tras la convalidación de su controvertida victoria por parte del Supremo, controlado por magistrados afines al oficialismo, y luego de que la PUD instara a la institución militar a «hacer respetar la soberanía popular».
Art. 91: Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas.
El salario mínimo -referencia para el resto de remuneraciones en el sector público- se mantiene, desde marzo de 2022, en 130 bolívares, hoy unos 2,5 dólares, cuando la canasta básica de alimentos para una familia representativa de cinco personas alcanzó los 539,79 dólares en octubre, según estimaciones independientes, un monto inalcanzable incluso con los bonos adicionales de 130 dólares.
Carlos Seijas Meneses
EFE