Son ya 61 familias que se han desplazado desde el municipio de Tarazá a Medellín en las últimas cuatro semanas, como consecuencia de hechos de violencia en este municipio de Antioquia.
Por ello, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Alcaldía de Medellín unieron esfuerzos para atenderlas tanto en las casas de sus familiares en las que se autoalbergaron, como en el albergue en el que pasan sus días hasta que mejore la situación y puedan regresar a sus viviendas.
Las víctimas ya entregaron su declaración con el fin de valorar su reconocimiento como víctimas de desplazamiento forzado para recibir la ayuda humanitaria de emergencia.
Desde la semana siguiente al 20 de mayo, 52 familias declararon en Medellín su desplazamiento desde Tarazá, las cuales manifestaron que salieron en su mayoría de los barrios San Miguel y Las Palmas debido a las amenazas de grupos armados ilegales. En total, en la capital antioqueña han sido atendidas durante el pasado mes de mayo 195 personas (61 hogares) procedentes de esta localidad.
El director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Jorge Mario Alzate Maldonado, se declaró preocupado “por el aumento de los desplazamientos de población provocados por hechos de violencia y los asesinatos en la región del Bajo Cauca antioqueño y, en particular, en Tarazá”.
Según las autoridades, este año se cometieron 71 homicidios en esta localidad. Los más recientes fueron los homicidios contra un mototaxista y otro hombre la semana pasada.
Con el fin de analizar la situación de orden público en este municipio y la articulación de las entidades y los entes territoriales para atender a esta población, la Unidad para las Víctimas convocó a una reunión el próximo martes con los representantes de la Procuraduría, Personería de Medellín, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
El director territorial de la Unidad para la Reparación a las Víctimas ha advertido durante este año por el aumento de los desplazamientos forzados de más de 2 mil familias, los homicidios y otros hechos de violencia en las regiones del Norte y Bajo Cauca antioqueño por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, ELN, disidencias de las Farc y Caparrapos) y la disputa de rentas ilegales y zonas de cultivos ilícitos de coca.
Como apoyo subsidiario a los municipios afectados por los desplazamientos forzados, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha entregado atención humanitaria inmediata a 1.122 hogares por valor de 1.360 millones de pesos. La mayor parte corresponde a desplazados de Cáceres, Tarazá, Ituango y Medellín como municipio receptor.
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