Hace tres semanas, la fuga de la excongresista Aída Merlano puso todos los ojos, una vez más, sobre el Instituto Penitenciario y Carcelaria (Inpec), organismo encargado de la vigilancia de 190.338 personas que tienen medidas de aseguramiento o pagan condenas.
En ese momento, hasta la ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró que evaluaba medidas para intentar reformar el Inpec porque este instituto había “tocado fondo”. La fuga de Merlano también llevó a la salida de su director, por lo que se nombró en encargo al coronel Manuel Armando Quintero.
En medio de los vientos que anuncian posibles reformas, EL TIEMPO conoció una auditoría de la Contraloría General que habla sobre los males financieros que afectan a la institución.
Al evaluar su gestión en el 2018, la Contraloría dio una opinión negativa frente a la contabilidad del Inpec. Por el desorden contable, la Contraloría asegura que hay incertidumbre sobre el valor de lo que el Instituto declara como su propiedad, planta y equipo, catalogada en 2,2 billones de pesos.
Así, no hay certeza de que sean correctos los cálculos con los que el Inpec le dijo a la Contraloría que tenía terrenos por 534.874 millones de pesos, y edificaciones por 1,7 billones, pues hay inconsistencias en los registros de cada inmueble en el software.
“Lo anterior conlleva a generar incertidumbre de la realidad del saldo como resultado de la subestimación de los terrenos y la sobrestimación de las edificaciones de la propiedad, planta y equipo del Inpec”, dice la auditoría.
Una de las deficiencias es que el Inpec no desarrolló oportunamente el Manual de políticas contables. Pese a esos errores, a la Contraloría le llamó la atención que las contrataciones de contadores que está haciendo la entidad no están dando los resultados esperados.
Por ejemplo, el Inpec firmó el 6 de septiembre del 2018 un contrato de prestación de servicios por más de 22 millones de pesos con una contadora que, según el órgano fiscal, no cumplió con las actividades que tenía planeadas. Pese a eso, el contrato fue prorrogado en enero de este año hasta febrero.
Es tanto el desorden en las finanzas del Inpec que de 14 cuentas que tiene el nivel central, según la Contraloría nueve están embargadas (el 64 por ciento).
Uno de los casos más preocupantes es una cuenta de Davivienda que tiene 1.278 millones de pesos y que fue embargada por un juzgado de Cali por un crédito judicial. Desde el 2015 los abogados pidieron el desembargo y desbloqueo, pero la Contraloría afirmó que aún no se ha levantado la medida.
Y el año pasado la Contraloría encontró que al instituto le embargaron hasta su caja menor, de 12 millones de pesos. Ese dinero estaba en una cuenta de un banco y, al terminar el año, al tesoro solo le reintegraron 3,5 millones. El resto (los 8,4 millones faltantes) no fueron devueltos a la caja menor porque un juez de Cartagena había ordenado embargarlos por no cumplir con una sentencia condenatoria del 2014, en un proceso de reparación por la muerte de un interno en la cárcel de Cartagena, en el 2011.
Para la Contraloría es claro que la falta de seguimiento y control en la defensa judicial del Inpec, así como el retraso en el pago de créditos judiciales (en este último caso de más de tres años), lleva a que los jueces autoricen estos embargos.
Según la Contraloría, el Inpec tiene demandas avaluadas en 1,2 billones de pesos y lo que enciende las alarmas es que “la defensa judicial del Instituto es precaria”.
Así se evidenció, por ejemplo, con una demanda del 2009 –por la muerte de un preso en Villa Hermosa, Cali–, que no fue contestada a tiempo. En el 2012 les llegó otra demanda por la muerte de una mujer en la cárcel de Valledupar, por 431 millones de pesos, en la que el Inpec apeló el primer fallo pero guardó silencio en los alegatos de conclusión.
Otra demanda del 2016, por la muerte de un preso en la cárcel de Cúcuta por 46 millones, tampoco fue contestada; y lo mismo ocurrió con un proceso de ese mismo año por el suicidio de un interno en la cárcel de Florencia, por el que sus familiares elevaron una demanda de 559 millones. Aunque el Inpec había sido exonerado en primera instancia, luego guardó silencio en la apelación y lo condenaron.
Tomado de El Tiempo
