En los 80 días de cuarentena que lleva el país, en 70 municipios de Antioquia se ha decretado la urgencia manifiesta, lo que les permite a los alcaldes agilizar trámites para atender las necesidades de salud y alimentación de sus pueblos, según la Ley 80 de 1993. Esos contratos, que tienen menos requisitos legales, están hoy bajo la lupa de entes de control locales y nacionales.
Solo la Contraloría de Antioquia —que tiene 422 sujetos de control incluyendo hospitales y 122 alcaldías— tuvo que implementar una Unidad de Reacción Inmediata desde el inicio de la emergencia para tramitar las denuncias de los ciudadanos, que hasta la semana pasada superaban las 60.
Elsa Yazmín González Vega, contralora departamental, explicó que a la fecha sus funcionarios han visitado a 43 sujetos de control (30 municipios y 13 Empresas Sociales del Estado) y auditado contratos por más de $47.000 millones.
“Ya tenemos los informes de 12 municipios donde hay un presunto detrimento patrimonial por $362,8 millones. Y hemos hecho 39 traslados disciplinarios a la Procuraduría y otros seis a la Fiscalía por incidencia penal. Los datos de esos casos, por ahora, se mantienen en reserva”, explicó González.
Cabe anotar que una vez concluyan las actuales investigaciones, los organismos competentes determinarán si hubo o no delitos y las sanciones correspondientes en materia fiscal o penal, según se establezca en cada proceso.
La mayor parte de las presuntas irregularidades que se investigan tienen que ver con la compra de alimentos e insumos médicos a precios más altos que los del mercado. El reto para los organismos de control es determinar si hubo sobrecostos o si, en efecto, el mayor valor de los productos tuvo que ver con el momento en el que buena parte de la canasta familiar subió de precio por la pandemia. Para eso, explicó González, se toman referencias como las del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, herramientas de compra virtual y guías de precios de los proveedores locales.
“Es muy llamativo porque tomamos referentes de precios minoristas. Pero seguramente los contratistas reciben precios más bajos porque compran al por mayor y aún así hay diferencias enormes. Esos sobrecostos le quitan la comida a la gente más pobre porque con lo que se paga por una libra de arroz se podrían adquirir dos”, detalló la Contralora.
Presuntos detrimentos
Uno de los contratos cuestionados es el SG-UM-002-2020, firmado por la alcaldía de Segovia el 25 de marzo, y en el que, según la Contraloría de Antioquia, habría un presunto detrimento patrimonial del 23,95 % del valor contratado; es decir que de los $300 millones que pagó la alcaldía, $71,8 millones sería sobrecosto.
El contrato tiene por objeto “el suministro de ayudas alimentarias, implementos de aseo y demás artículos necesarios e indispensables para atender la población” y el contratista es Suministros y Servicios Barcelona SAS, una empresa que, según registros mercantiles, tiene dos supermercados ubicados en Segovia y Buriticá.
En el contrato se detalla la compra, entre otros elementos, de 2.000 tacos por tres unidades de galletas saladas (saltinas), cada una por valor de $9.800, cuando en los almacenes de cadena de Medellín ese producto se consigue entre $3.000 y $4.000. Además se compran 2.000 litros de aceite a $8.800 cada uno y 2.000 canastas de huevo a $16.800 cada una. Ayer en la Central Mayorista esos productos costaban $4.600 y $12.000, respectivamente.
El tiempo de ejecución inicial era de 13 días, pero transcurridos 10, el alcalde y la empresa firmaron un otrosí en el que “se constata que por un error involuntario las cantidades establecidas en el contrato no son las correctas”. La nueva lista de precios incluye las galletas con el mismo valor, pero esta vez cambia a “taco por 5 y 6 unidades”. Otros productos sí variaron de precio: el alcohol en presentación “cajas x 24, 500 cc” figura en el contrato a un precio unitario de $2.500 ($1,2 millones en total), pero en el otrosí se ajusta el valor unitario a $60.000. Igual sucede con los tapabocas en “caja x 50”. En el documento decía que se comprarían 2.100 a un valor de $3.000, que suman $6,3 millones, pero en el otrosí ya son solo 42 cajas, a $150.000 cada una.
El alcalde de Segovia Didier Osorio le explicó al diario El Colombiano que el contrato se hizo para cubrir ayudas humanitarias y elementos de desinfección y que se seleccionó a esa empresa porque lleva más de 10 años en el municipio. “Hicimos el otrosí porque la cotización se hizo por 1.000 canastas familiares, pero luego con el comité de gestión se sugirió hacerlo para 2.000 canastas”, dijo.
Gildardo Buriticá, administrador del supermercado dijo que el proceso fue transparente y que los cobros correspondieron al precio de los productos en ese momento. “Lo único que cambió es el impuesto que es como del 14 % que se tiene en esos contratos y no es negociable. Es que no es lo mismo comprar unos huevos en el supermercado y pagarlos de una, que venderlos al Municipio porque ahí hay una logística adicional para empacarlos bien, llevarlos y el pago es a dos meses”, dijo.
¿Logística de muebles?
La Contraloría también informó del hallazgo de un presunto detrimento patrimonial por $48,3 millones en un contrato de $706,6 millones firmado entre el Municipio de Guarne y la empresa Arte, diseño, producción y logística SAS para “la prestación de servicios de apoyo logístico para la ejecución de las actividades tendientes a la atención de la urgencia manifiesta”.
El contrato de prestación de servicios identificado con el número 1701-CPS-163-2020, fue firmado el 26 de marzo por $356,6 millones, con un plazo de ejecución de 60 días. El 22 de abril se firmó un otrosí por $350 millones adicionales, que fueron justificados en la extensión de la cuarentena y las solicitudes de ayuda humanitaria radicadas por la comunidad a través de una línea telefónica.
Ni en el contrato ni en el otrosí publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, aparecen detalladas las actividades que deberá realizar el contratista. En cambio dice que se “desarrollarán las respectivas fichas a las cuales deberá dar ejecución el contratista”. El otrosí da pistas de las actividades desarrolladas, pues dice que “las fichas del contrato inicialmente suscrito fueron ejecutadas a satisfacción (…) en especial lo que tiene que ver con los paquetes alimenticios, dado que a la fecha se han entregado más de 2.000”.
En los registros mercantiles, el contratista está autorizado para desarrollar actividades de publicidad, servicios relacionados con la impresión y fabricación de muebles.
El alcalde de Guarne Mauricio Betancur explicó que el contrato fue verificado por el comité de gestión del riesgo y los equipos jurídicos, y que la empresa seleccionada era idónea para lo contratado que era, entre otros, la compra de víveres para ayudas alimentarias, compra de equipamientos médicos y materiales de asepsia, y adecuaciones en el hospital.
“Recibo con extrañeza eso que usted menciona del presunto hallazgo. Estoy dispuesto a hacer las revisiones necesarias porque soy partidario de la transparencia y la justicia. Aún no he sido notificado oficialmente” por la Contraloría, declaró. Este diario intentó comunicarse con la empresa, pero en los teléfonos que constan en los registros mercantiles no hubo respuesta.
Más pesquisas
En La Ceja está en revisión un contrato de suministro de paquetes alimentarios firmado por $200 millones en los que, según la Contraloría, podría haber un detrimento patrimonial de $49 millones, equivalente al 25,5 % del valor del contrato. El documento fue firmado el 1 de abril con Vibe Distribuciones SAS, con un plazo de ejecución de 30 días.
En los estudios previos del contrato se explica que el contratista proporcionará 4.000 paquetes alimentarios, cada uno por $50.000 con productos como leche y chocolate en polvo, granos y pasta. En la lista de precios llama la atención la libra de lenteja a $3.480 y el aceite por 900 ml a $8.000. En la Central Mayorista ayer esos productos se cotizaban a $1.400 y $4.600, respectivamente.
El alcalde Nelson Carmona indicó que el contrato se hizo por 4.000 mercados pero finalmente solo se adquirieron 2.000 porque en el municipio se hizo una donatón y se recogieron 3.000 mercados, $300 millones en efectivo y 18 toneladas de alimentos.
“Ya enviamos un requerimiento a la Contraloría para que nos aclare si en la evaluación del contrato se tuvieron en cuenta elementos como deducciones y estampillas que se deben incluir por ley, además de la variación de precios por el inicio de la pandemia”, dijo Carmona.
Aclaró que el pago de los 2.000 mercados está suspendido hasta que se adelante una audiencia con la Contraloría y el contratista, con el fin de llegar a un acuerdo que garantice la legalidad del contrato y salvaguarde los recursos públicos. Vía telefónica, funcionarios de la empresa en cuestión anunciaron que revisarían el estado del proceso para pronunciarse sobre él.
En Carolina del Príncipe, la Contraloría revisó un contrato por $35,2 millones y está investigando si hay un sobrecosto estimado en 41 % de ese valor, equivalente a $14,7 millones. El contrato inicial, firmado con Distrivariedades AD el 30 de marzo, tenía un valor de $29,9 millones e incluía compra de hidrolavadora, mangueras, alcohol, tapabocas y otros elementos. Un día después, el 1 de abril, se le adicionaron $5,2 millones que según la carta que el contratista le envió a la alcaldía, tenían como fin comprar cuatro parlantes y un amplificador para instalar en la torre de la iglesia, con el fin de tener un sistema de alertas tempranas para informar a la comunidad.
Entre los productos comprados había una hidrolavadora por la que se pagaron $3,6 millones. En los portales de distribuidores, una con esas mismas especificaciones cuesta entre $2,5 y $2,6 millones.
El alcalde Carlos Pérez señaló que esa compra fue necesaria porque el municipio no tenía ningún elemento para desinfección. “En ese contrato hicimos estudios de precios del sector en Medellín y municipios vecinos, y contando las deducciones que se le hacen al contratista por ley, por estampillas y demás, tenemos los soportes. El contrato cumple con todos los requisitos”, dijo y aclaró que la Personería acompañó y documentó toda la contratación.
Agregó que otros contratos para la atención de la emergencia, como el de compra de mercados, no se ejecutaron porque llegaron donaciones de empresarios y Gobierno.
David Correa, representante legal de la empresa dijo, con factura en mano, que la hidrolavadora costó $2,9 millones y explicó la diferencia de precios: “A mí me hacen retenciones del 11 %, hay que pagar impuestos y esto se paga a dos meses. Yo trabajo con una utilidad del 20 a 25 %, entonces no es que yo esté cobrando cosas al son de nada”.
Ratificó que la Personería del municipio ha vigilado el contrato, por el que le retuvieron $3,8 millones y que además a la Contraloría se le entregaron los respectivos soportes de las transacciones y compras. Para Correa, el asunto pasa más por una persecución política.
A revisión los insumos de sopetrán
Otro de los contratos que está en revisión es el de Urgencia Manifiesta No.002 de 2020 de la Alcaldía de Sopetrán firmado el 16 de abril, por $30,6 millones. La Contraloría de Antioquia reportó un presunto detrimento patrimonial por el 10 % del valor contratado, equivalente a $3,12 millones. El contrato era para la compra de nebulizadores, termómetros digitales de infrarrojo, tapabocas, mascarillas y material de protección para empleados del sector salud, que fueron donados al hospital. Una fuente del municipio, que pidió reserva de identidad, dijo que los termómetros no funcionaron como se esperaba y que lo que se pagó por cada uno ($291.896) es muy alto frente al valor de mercado: entre 15 y 20 dólares (unos $70.000 al cambio actual). El alcalde Diego Villa no respondió a las preguntas del diario El Colombiano.
Tomado de El Colombiano
