Preacuerdo con la Fiscalía contempla pena de prisión y reintegro de recursos
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA. (19 JUN 2025) – En el marco de la macroinvestigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación sobre el saqueo de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue condenado el contratista Luis Eduardo López Rosero a más de seis años de prisión por su participación en el direccionamiento de contratos para el suministro de carrotanques en La Guajira.
De acuerdo con los datos proporcionados por La Fiscalía General De La Nación. López Rosero aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad en los delitos imputados, tras llegar a un preacuerdo con el ente acusador. Un juez penal especializado de Bogotá lo sentenció a 6 años, 1 mes y 21 días de prisión por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en provecho propio y de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Además de la pena de prisión, se le impuso una multa equivalente a 7.948 salarios mínimos mensuales legales vigentes y fue inhabilitado de manera indefinida para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, ya sea de forma directa o a través de terceros.
Según la investigación, entre septiembre de 2023 y enero de 2024, el contratista accedió a información privilegiada de procesos contractuales en la UNGRD, lo que le permitió manipular propuestas y cotizaciones para favorecer a sus empresas. A cambio de adjudicaciones, pagó dádivas y logró apropiarse de 7.722 millones de pesos.
Como parte del preacuerdo con la Fiscalía, López Rosero reintegró la totalidad de los recursos apropiados ilícitamente. La Fiscalía destacó este resultado como parte de su compromiso en la lucha contra la corrupción y en la recuperación del patrimonio público.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.