Bogotá, 22 junio de 2025.- Una polémica se abrió este domingo en Colombia luego de que jefes de las principales bandas delincuenciales de Medellín salieran ayer de la cárcel para participar en un acto público en esa ciudad con el presidente Gustavo Petro, a quien sus opositores acusaron de exaltar la criminalidad.
Para el exministro José Manuel Restrepo, lo de ayer en Medellín «es una vergüenza total. Es una destrucción de institucionalidad. Es una bofetada a las víctimas del narcotráfico».
El mandatario colombiano encabezó el sábado un acto público en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), con el propósito de abordar los diálogos de paz que su Gobierno sostiene con las estructuras armadas organizadas de la ciudad. Además, aprovechó la ocasión para celebrar la reciente aprobación de su reforma laboral en el Congreso.
Al acto oficial de Paz Urbana asistieron varios voceros representantes que actualmente se encuentran detenidos. Entre ellos estaban Juan Carlos Mesa, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Freiner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y José Leonardo Muñoz, alias Douglas, todos vinculados con la estructura criminal conocida como La Oficina, dedicada al sicariato y otras actividades delictivas.
Durante el evento, el vocero Vallejo Alarcón tomó la palabra y generó controversia al criticar públicamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien acusó de supuestamente sabotear las conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las estructuras armadas organizadas ilegales.
«Estamos listos para acompañar a los antioqueños en una contramarcha que le recuerde al presidente que el verdadero pueblo es el que defiende la Constitución, la ley y las instituciones, no el que aplaude a narcos y delincuentes. Ya es hora de dejar de exaltar la criminalidad y recuperar el brillo del Estado», expresó el exsenador David Luna, quien aspirará a la Presidencia en 2026.
El Gobierno y excabecillas de grupos armados ilegales que operan en Medellín instalaron en junio de 2023 la mesa de diálogo con el propósito de desmovilizar a más de 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas.
«Normalización de la criminalidad»
La presencia de los exjefes, ahora voceros representantes de las estructuras armadas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá, en el acto oficial ha desatado una ola de críticas contra el presidente Gustavo Petro. Desde la oposición lo acusan de normalizar la delincuencia e incluso de idealizar a figuras criminales, generando un fuerte debate sobre los límites y alcances del proceso de Paz Urbana.
«En tres años (de Gobierno de Petro) transitamos de la protesta social a la normalización de la criminalidad. El presidente comparte tarima y abre micrófonos a delincuentes (…) Es inaceptable que el jefe de Estado idealice a quienes infringen la ley y cuestione a quienes la hacen respetar», manifestó el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, que esta semana entró al abanico presidencial colombiano.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó en X que Petro, «en lugar de subir a la tarima a jefes de organizaciones delincuenciales activas», debería propiciar que en Colombia sean rodeadas «las instituciones», los «organismos de seguridad», los jueces y los fiscales que luchan contra el crimen.
La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, aseguró que lo ocurrido en Medellín fue «una amenaza directa al Estado de Derecho» e hizo un llamado a la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Corte Suprema de Justicia a actuar con celeridad en este caso.
El Ejecutivo también realiza diálogos de este tipo, como el que hace en Medellín, con grupos armados de Barranquilla, capital del Atlántico (norte), y Quibdó, en el Chocó (oeste), así como en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, en donde operan los grupos criminales los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’.
Con información de EFE