Al posesionar a tres magistrados del Consejo de Estado, el mandatario enfatizó que los tratados y convenios que firma el Estado no pueden quedar “como si fuesen, simplemente, piezas de anaquel sin que tuvieran ninguna consecuencia en la vida jurídica colombiana”.
Bogotá D.C., 7 de marzo de 2024
“Si se apaga la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que va a surgir es una época –como hace 30 o 35 años– de dictaduras y guerras revolucionarias, porque a las tiranías se les responde con rebeldías”.
Así lo alertó el presidente Gustavo Petro en la posesión de los consejeros de Estado Jhon Jairo Morales Alzate, Luis Eduardo Mesa Nieves y Fernando Alexeí Pardo Flórez.
El mandatario manifestó la necesidad de acoger una tesis jurisprudencial de ese tribunal de que exista un control de convencionalidad en Colombia, porque consideró que los Estados no deben firmar los tratados, que luego son aprobados por el Congreso para “burlarse de ellos”.
Enfatizó que los tratados y convenios que firma el Estado no pueden quedar “como si fuesen, simplemente, piezas de anaquel sin que tuvieran ninguna consecuencia en la vida jurídica colombiana”.
Y preguntó: “¿Qué sentido tiene firmar los tratados si se convierten en simples piezas de museo en las bibliotecas que nadie lee?”.
Citó casos como el “que se firmó, por parte de Colombia hace varias décadas: la Convención Americana de Derechos Humanos. Allí se establecen exclusivamente los principios fundamentales, los derechos fundamentales individuales” y ha perdido transcendencia entre los países que la suscribieron.
“El Consejo de Estado, en sus sentencias, dijo que había que respetar las convenciones internacionales de derechos humanos, tal como lo dice la Constitución de Colombia, y que el control de convencionalidad debe ejercerse”, subrayó.
El Presidente puso como ejemplo “la sentencia seis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre derechos políticos y la prohibición de anular el voto popular por decisiones administrativas que se hace en Venezuela, pero se hace también en Colombia y en otros países” y que ya “no tiene fundamento en nuestra base jurídica”.
Explicó que “aún muchos jueces no tienen la certeza de que pueden aplicar en sus juicios las convenciones internacionales de derechos humanos y van quedando como papel. Y muchísimos colombianos y colombianas tienen que sufrir la violación de sus propios derechos, no solo los políticos, sino muchos otros. Pero los derechos políticos —subrayo el derecho a elegir y ser elegido—, el derecho a participar en el Estado, son derechos humanos fundamentales”.
“Aún hay órganos administrativos que creen que pueden anular y anulan derechos políticos en Colombia y aún se pone en cuestión la convencionalidad, es decir, la firma del Estado colombiano ante la humanidad, ratificada por el Congreso de Colombia a través de la Ley”, advirtió.
También recordó que “le pedí a la (Organización de Estados Americanos) OEA y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hiciéramos un esfuerzo entre los países que constituyen este continente para avanzar hacia derechos colectivos, derechos de la mujer, derechos de la naturaleza y poner esa convención al orden del siglo XXI”.
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