Preservar los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, es de trascendental importancia para esclarecer las probables actividades ilegales que esa entidad estatal adelantó contra defensores de derechos humanos magistrados, periodistas, activistas políticos e integrantes de otros sectores sociales.
Así lo creemos y respaldamos la agencia de prensa Análisis Urbano, la Corporación Corpades y otras 61 plataformas, organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos, quienes firmamos un documento que anexamos al final de esta nota.
La preservación a la que nos referimos fue decretada como medida cautelar anticipada mediante Auto N. 001 del 12 de marzo de 2018, por parte del entonces Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, “las cuales tienen por objeto la preservación de archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS”.
Como se recordará, el DAS fue liquidado en octubre del año 2011. Entre el año 2002 y hasta su liquidación (nueve años), el DAS, según investigaciones, realizó un conjunto de actividades ilegales como parte de una persecución sin precedentes que abarcó la comisión de graves crímenes como homicidios, torturas psicológicas, amenazas, desplazamientos forzados, exilios, sabotajes, montajes judiciales, violaciones de domicilios, hurtos de información, vigilancias, seguimientos y hostigamientos en el país y en el exterior.
A pesar de que hoy en día se encuentran condenados varios funcionarios de dicha entidad, no ha sido posible para la sociedad colombiana y para las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos, conocer la verdad de lo sucedido.
Preocupa al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no haber recibido información actualizada acerca del avance de las investigaciones relativas a las presuntas actividades ilegales de seguimiento que habrían sido realizadas por funcionarios del DAS. Por ello, el Comité dispuso que el Estado colombiano acelere las investigaciones relativas a las presuntas actividades ilegales y garantice que todos los responsables rindan cuentas de sus actos.
En consecuencia, las organizaciones firmantes celebramos y apoyamos las medidas determinadas por la SE – Jurisdicción Especial para la Paz y esperamos su cumplimiento sin retrasos de ningún tipo.
A continuación, el comunicado completo:
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