Medellín, Colombia, 16 noviembre de 2024.- En un operativo sorpresa realizado por la Policía Nacional, fue capturado el mayor Yismar Andrei Rodríguez Martínez, quien hasta hace dos semanas se desempeñaba como comandante de la Estación de Policía de El Poblado en Medellín. Junto a él, también fue detenido su conductor, un subintendente de la institución, por estar presuntamente implicados en un esquema de corrupción relacionado con el delito de concusión.
Acusaciones y modus operandi
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General Penal Militar y Policial, el mayor Rodríguez Martínez habría exigido pagos tanto a subalternos como a propietarios de establecimientos comerciales para obtener permisos y evitar controles regulatorios. Según trascendió, las transacciones se realizaban mediante la aplicación de billetera digital Nequi.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la captura y señaló que este oficial fue relevado de su cargo a finales de octubre tras conversaciones con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana, general Castaño. Gutiérrez expresó su rechazo ante estas prácticas corruptas, subrayando que «las acciones de unos pocos no deben empañar el trabajo de toda la institución».
Investigación en curso
La detención fue ordenada por una fiscal especializada tras la recolección de pruebas que apuntan a que Rodríguez Martínez exigía dinero a sus subalternos a cambio de autorizar permisos. Se estableció que el conductor del mayor era el encargado de recibir los pagos, presumiblemente en octubre pasado.
La orden de captura fue autorizada por el juez 1724 Penal Militar y Policial de control de garantías y se hizo efectiva el 15 de noviembre. Adicionalmente, las autoridades rastrean a comerciantes que podrían haber participado en esta operación corrupta, anticipando nuevas capturas.
Otros casos de corrupción en Medellín
En un caso separado, dos patrulleros de la Policía Nacional, José Yoiber Echeverri Villa y Diego Fernando Cordero, fueron enviados a prisión tras ser acusados de concusión. Según la investigación de un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los uniformados habrían exigido 15 millones de pesos a la propietaria de un spa en el barrio Manrique el pasado 5 de septiembre, bajo la amenaza de judicializarla por homicidio culposo si no realizaba el pago.
La administración distrital, junto con la Policía Metropolitana, reafirma su compromiso de combatir la corrupción dentro de la institución y llevar a los responsables ante la justicia.
A.U.