La difusión pública de conversaciones mantenidas desde su teléfono por Juan Carlos Varela cuando era presidente de Panamá (2014-2019) han constatado nuevamente la total vulnerabilidad de la aplicación WhatsApp, así como una dinámica de corrupción persistente en el país.
El pasado martes se publicó de manera apócrifa en internet una página web con el nombre «Varelaleaks» que contiene transcripciones de conversaciones a través de la aplicación WhatsApp de Varela, mientras era presidente de la República, con otras autoridades del país, con empresarios, periodistas y familiares.
NADIE ESTÁ A SALVO
El exgobernante admitió públicamente haber sostenido esas conversaciones, aunque aseguró que su contenido «ha sido distorsionado».
Varela advirtió que «si se pudo intervenir el teléfono de un presidente en funciones, es evidente que cualquier panameño ya sea mandatario, diputado, juez, periodista, empresario o sociedad civil se encuentra hoy vulnerable y a la merced de una organización delincuencial».
De hecho, al revelar las conversaciones de Varela, han quedado destapadas las de sus interlocutores, entre quienes se encuentran más de un docena de personas, desde la procuradora general de la Nación (fiscal general del Estado), Kenia Porcell, hasta la esposa del mandatario, Lorena Castillo, pasando por el contralor general de la República, Federico Humbert, y el principal empresario del país, Stanley Motta.
El expresidente anunció que contempla la posibilidad «de interponer acciones legales ante otra evidente comisión de un delito de violación a la intimidad».
Ni la procuradora general de la Nación ni ninguna otra persona de las que aparecen en esas conversaciones, sea porque eran interlocutores del entonces gobernante o porque son mencionados, se han pronunciado públicamente hasta ahora sobre este hecho.
LA POLÍTICA DEL ESPIONAJE ILEGAL Y LAS NOTICIAS FALSAS
El enlace a la página web «Varelaleaks» comenzó a ser publicitado o compartido el día de su publicación a través de la aplicación WhatsApp y de otras redes sociales, principalmente por personas relacionadas en menor o mayor grado con el también expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014).
En la presentación de la mencionada página sus autores se identifican como «un grupo de ciudadanos latinoamericanos comprometidos con la democracia y hastiados de la corrupción y abuso de nuestras autoridades».
«Hasta nosotros llegó, un teléfono celular, un dispositivo que después de verificarlo pudimos comprobar que contiene las conversaciones de WhatsApp que sostuvo entre 2017 y 2018 el ahora expresidente de Panamá Juan Carlos Varela», explican.
Poco días después, comenzaron a circular por las redes sociales noticias falsas o comunicados falsificados como el de una renuncia a su puesto de la procuradora general.
VARELA ACUSA DIRECTAMENTE A SU ANTECESOR MARTINELLI
«No he perdido ni extraviado ningún teléfono celular», aseguró Varela y consideró que «esto comprueba lo que Panamá ya conoce sobre la compra, uso ilegal y posterior pérdida del equipo de interceptación telefónica Pegasus, adquirido durante la gestión del expresidente Ricardo Martinelli».
La compra y uso del mencionado equipo de espionaje telefónico fue motivo de una denuncia contra Martinelli, por la que fue detenido en Estados Unidos y extraditado a Panamá, donde finalmente fue absuelto por una controvertida decisión judicial que ha sido recurrida.
Varela dijo que es víctima de este «ataque» en un intento por desviar la atención de los «nuevos casos de corrupción» que involucran a Martinelli y «que aparecen por la justicia extranjera, como es el caso de FCC en España».
CONSTRUCTORA FCC A LA SOMBRA DE UN NUEVO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN PANAMÁ
Recientemente la Justicia española imputó a la constructora FCC por los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo mediante el pago de 82 millones de euros en comisiones a través de facturas y transferencias emitidas entre 2010 y 2014, por la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá.
En el correspondiente auto de imputación se señala que FCC ha admitido la entrega de fondos para ser usado en calidad de sobornos de la compañía al abogado Mauricio Cort, ciudadano español y panameño y al que se identifica como testaferro de Martinelli.
La Fiscalía panameña, por su parte, informó el pasado octubre que ha imputado a 14 personas, que no ha identificado, por supuestos sobrecostos injustificados y pago de comisiones ilegales, calculadas en más de 100 millones de dólares, en una obra adjudicada a la constructora española FCC durante el Gobierno de Martinelli.
CONVERSACIONES DE VARELA
Las conversaciones de Varela difundidas, que él ha asumido aunque ha asegurado que han sido manipuladas, muestran una connivencia del entonces presidente con otras autoridades, contraria a la independencia de los tres poderes del Estado, además del uso de su influencia para beneficiar a ciertos empresarios y librar a algunos de investigaciones y acusaciones judiciales.
Durante el Gobierno de Martinelli, Varela fue canciller, cargo del que dimitió por diferencias con el entonces gobernante, y vicepresidente, puesto en el que se mantuvo por ser electo.
PEGASUS, LA BESTIA NEGRA DE WHATSAPP
El presunto uso del software Pegasus, de supuesta fabricación israelí, para interceptar comunicaciones de todo tipo a través de teléfonos móviles, no es exclusivo de Panamá.
Recientemente, el Gobierno de la India pidió explicaciones a la plataforma del servicio de mensajería WhatsApp, después de que la compañía propiedad de Facebook confirmara que varios usuarios indios fueron espiados por ese sistema.
También en México se ha denunciado el uso de Pegasus para espiar a miles de personas.
La compañía Facebook y la plataforma que posee WhatsApp demandaron el pasado octubre a la firma tecnológica israelí NSO, sospechosa de espionaje a defensores de derechos humanos y periodistas por la mencionada plataforma de mensajería
«WhatsApp ha presentado una querella en una corte de Estados Unidos que atribuye el ataque (de mayo) a una compañía de spyware llamada NSO Group y su compañía matriz Q Cyber Technologies», explicó en un comunicado sobre la primera acción legal que este proveedor de mensajería toma contra una entidad privada.
EFE.
