Corte Constitucional amplió la vigencia de la Ley de Víctimas

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El Congreso deberá expedir una nueva ley antes de junio de 2021 extendiendo la Ley de Víctimas. Y, si no lo hace, toda la normatividad, incluyendo la restitución de tierras y la política de reparación, seguirá hasta el 7 de agosto de 2030.

La Corte Constitucional acaba de extender la vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que iba incialmente hasta junio de 2021. La decisión la tomó la Sala Plena al estudiar una demanda presentada por el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que aseguraba que los fines de esa ley todavía no se han cumplido y que su finalización, implicaría la eliminación de toda una política pública que, además, está relacionada con la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado con la guerrilla de las Farc.

La Sala tumbó el artículo que fijaba ese plazo para asegurar su vigencia incluso después de su vencimiento. Y ahora, para establecer cuánto tiempo más irá la ley, el Congreso deberá expedir una nueva regulación al respecto o adoptar un régimen de protección a las víctimas que garantice adecuadamente los derechos de las víctimas. De no hacerlo antes de 2021, «se entenderá que la Ley 1448 de 2011, así como los decretos 4633, 4634, 4635 de 2011 tendrán vigencia hasta el 7 de agosto de 2030». La decisión fue celebrada por el exministro Cristo en sus redes sociales.

La demanda decía: “Lo que el Estado no puede permitir, si se trata de respetar la Constitución, es que el simple paso del tiempo extinga el más importante instrumento de protección de derechos de las víctimas con que se cuenta en la actualidad, el cual se integra, como bien lo establece el Acto Legislativo 1 de 2017, a los otros mecanismos pactados en el Acuerdo Final de Paz, como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es por ello que la cláusula de temporalidad contenida en el artículo 208 de la ley 1448 de 2011 adolece de una inconstitucionalidad sobrevenida”.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública en octubre dada la importancia del tema. Allí, el vceprocurador general, Juan Carlos Cortés, había indicado que si la Ley de Víctimas se caía, «se generaría un vacío normativo que tendría un impacto contrario a la Constitución». Con esta postura coincidió la Defensoría del Pueblo, entidad que también le explicó a los magistrados la intención de «integralidad» que tiene la normatividad de víctimas -que creó, entre otras entidades, la Unidad de Víctimas, de Restitución de Tierras y la Mesa Nacional de Víctimas- con el Acuerdo Final de Paz.

En el mismo sentido, Sergio Jaramillo, quien estuvo al interior de la construcción de ese andamiaje institucional para la paz, aseguró que lo creado por la Ley de Víctimas se tomó como «avances» con los que ya se contaba cuando se iniciaron las negociaciones con las Farc en La Habana. «Acordamos con el expresidente (Juan Manuel Santos): ‘no vamos a negociar con las Farc cosas que ya existen'», dijo Jaramillo. Otra postura mostró José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático quien consideraba que la definición de la vigencia de una Ley era una facultad exclusiva del Congreso.

Para el representante de la Mesa Nacional de Víctimas es claro que los fines para los que fue creada la Ley, no se han satisfecho totalmente todavía. «Sin la vigencia de la Ley no solo se derrumba la arquitectura institucional, sino también la voz y representación de las víctimas», señaló el líder Odorico Guerra Salgado. El pasado 11 de octubre, en medio de la publicidad del debate que estaba adelantando la Corte Constitucional, el presidente de la República, Iván Márquez, anunció un proyecto de ley ante el Congreso de la República para prorrogar durante un período de 10 años más la Ley de Víctimas.

Tomado de El Espectador

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