Pese a que la decisión del alto tribunal fue de noviembre del año pasado, esta apenas se conoce.
Para la Corte, el “río Atrato es un sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración”. Una tutela del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, fue la que llevó al ente judicial a determinar que la minería ilegal es una de las actividades que más daño le causan al ecosistema y a las comunidades que habitan los territorios donde esta se desarrolla.
El alto tribunal reconoce que el fenómeno de la minería ilegal está asociado a otros problemas estructurales del país como la desigualdad, la falta de educación, la explotación sexual, la pobreza y el conflicto armado. Reconoce que esta práctica es común para la financiación de los grupos armados al margen de la ley y, por ello, lo difícil que es erradicarla.
Para hacer valer su decisión, la Corte le ordenó al Gobierno conformar una comisión de guardianes del río Atrato para que protejan este afluente. También pide formular una política pública minero-energética con las realidades sociales y ambientales de la Nación.
Según el fallo del Alto Tribunal:
“Las autoridades estatales demandadas son responsables de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medioambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas demandantes por su conducta omisiva al no realizar acciones efectivas para detener el desarrollo de actividades mineras ilegales, que han generado la configuración de grave crisis humanitaria y ambiental en la cuenca del río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños”.
Las comunidades de la zona, ONG, sectores académicos y la misma Corte, confirmaron el uso intensivo de maquinaria pesada y de mercurio en el río Atrato, lo que trae consigo daños graves al medio ambiente y a la salud de las personas que habitan sus riveras.
El mercurio ha generado afectaciones a la salud como abortos espontáneos, enfermedades vaginales, cutáneas y hongos. También ha afectado al río mismo, sus cuencas, ciénagas y humedales.
Tras el fallo de la Corte Constitucional a favor de las comunidades étnicas e indígenas de la ribera del río Atrato, vuelve a crecer el debate sobre las grandes problemáticas que trae consigo la minería en el país. La semana pasada, AngloGold suspendía sus labores en Cajamarca por determinación popular, ahora por iniciativa de las comunidades, la Corte le ordena al Gobierno erradicar la minería en el Atrato.
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