El 7 de junio del año pasado, pese a haber sufrido varias amenazas, la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió quitarle a Herley Ramírez Alzate el esquema de protección, compuesto por dos escoltas y un vehículo blindado, que se le había asignado en mayo del 2017. La Unidad le retiró la seguridad al periodista de Caquetá basándose en un informe del Comité de Evaluaciones de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) que calificó el riesgo de Ramírez como ordinario, lo que significaba que para las autoridades no había un peligro inminente contra su vida ni amenazas directas.
El argumento consistió en que el riesgo extraordinario “implica que el beneficiario de las medidas afronta un peligro específico e individualizable”.
Esa decisión se dio a pesar de que tan solo tres meses antes los escoltas del periodista habían presentado un reporte en el que señalaban que un sujeto, que presuntamente sería emisario de las disidencias de las Farc, había ido hasta la emisora radial Ecos del Caguán, en Florencia, para amenazarlo.
Ese día el emisario le dijo que sus noticias “no eran muy bien recibidas por los grupos armados y, por ende, debía guardar prudencia en los medios”. Y un mes antes, cuando Ramírez iba al cementerio, los escoltas notaron a un hombre que los seguía en una motocicleta.
Tampoco tuvieron en cuenta el mensaje de texto que llegó al celular de su mamá en el que le advertían que Ramírez “correría la misma suerte del hermano asesinado”, ni que 20 años antes, según dijo, tuvo que exiliarse por haber hecho parte de la Unión Patriótica.
Ni esas alertas, ni las del pasado, sirvieron para que no se le quitara la escolta a Ramírez –quien es periodista desde hace 25 años, cubriendo la información en zonas con presencia del conflicto armado como Caquetá, Huila, Putumayo y Cauca–. Por ejemplo, en septiembre del 2016 fue amenazado y lesionado por dos hombres que se movilizaban en una moto, caso que finalmente fue archivado por la Fiscalía. Esas fueron las razones por las que Ramírez presentó una tutela que fue aceptada por la Corte Constitucional, alto tribunal que le ordenó a la UNP revisar el riesgo real del periodista. La Unidad tendrá que tomar una decisión que, según el alto tribunal, debe estar motivada y sustentada.
En la tutela el periodista aseguró que la UNP desconoció el contexto histórico de violencia para los periodistas en Caquetá. Así, La Fundación para la Libertad de Prensa habló de los riesgos que sufren los periodistas regionales, que pueden ser incluso mayores a los de quienes ejercen esta profesión en Bogotá. En Caquetá, dijo la Flip, se registraron seis violaciones a la libertad de prensa en el 2017 y ocho durante el 2018. La Fiscalía, por su parte, dijo que tiene seis investigaciones activas por amenazas a periodistas de Caquetá.
La Corte le dio la razón a Ramírez en que más allá de calificar su riesgo como ordinario o extraordinario, la UNP debió tener en cuenta el contexto en el cual se desempeña. En ese contexto se debe verificar el perfil del periodista, el contenido de la información que difunde y la región en la que trabaja.
El alto tribunal dijo que la UNP no evaluó que el Caquetá es una de las zonas donde el conflicto armado se ha desarrollado con mayor intensidad, que hay un caso reciente de un homicidio de un periodista en la región y que se han registrado varias amenazas.
Tomado de El Tiempo
