La Corte Penal Internacional (CPI) reiteró su apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del fiscal adjunto, James Stewart, quien afirmó que “las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma”.
Stewart se refiere a las preocupaciones planteadas recientemente por el fiscal Néstor Humberto Martínez, e invitó tanto a la JEP, como a la Fiscalía General a que establezcan “conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias”.
Así las cosas, la CPI reiteró su apoyo a la JEP, “como el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz”, por lo que Stewart destacó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido. De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”.
Stewart cita a la fiscal Fatou Bensouda, quien se ha referido siempre a la JEP, “desde la perspectiva de sus propias responsabilidades de evaluar si las autoridades nacionales se están ocupando de los crímenes del Estatuto de Roma, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, de manera genuina”.
Cabe destacar, que en el país hay una verdadera división por cuenta de la ley que reglamenta el funcionamiento de la JEP y la sanción de la Ley Estatutaria que debe o no hacer el presidente Iván Duque. El expresidente Álvaro Uribe dice que hay que eliminarla en vez de objetarla y voces como los miembros de la FARC manifiestan que lo que quieren es acabar con el proceso de paz.
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