El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue citado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el próximo 16 de septiembre para una indagación preliminar por la masacre de El Aro, perpetrada por paramilitares en 1997 en el departamento de Antioquia, informaron este sábado medios locales.
En un auto del 14 de agosto la Corte determinó seguir con la investigación en la que escuchará, además de la versión libre de Uribe, las declaraciones de varios exparamilitares, y ordenó practicar nuevas pruebas en el caso.
La defensa de Uribe, presidente entre 2002 y 2010, confirmó hoy que solicitó a la Corte entregar a la Fiscalía General el expediente de esa investigación ya que el exmandatario renunció esta semana a su escaño en el Senado, razón por la que según sus abogados el alto tribunal ya no tiene competencia en el caso.
«Con ocasión al cese en el ejercicio de sus funciones como senador, otros casos que venía adelantando la Sala de Instrucción de la Corte, entre ellos la investigación relacionada con la masacre de El Aro, debe pasar al conocimiento de la Fiscalía», aseguró este sábado en un comunicado su abogado Jaime Granados.
Uribe, en detención domiciliaria desde hace una semana por presunto fraude procesal y soborno de testigos, en otro proceso solicitó a la CSJ que también remita ese expediente a la Fiscalía.
COMPETENCIA DE LA CORTE
A Uribe se le vincula a la masacre de El Aro por supuestamente haber apoyado durante su periodo como gobernador de Antioquia (1995-1997) a los paramilitares que asesinaron a 17 campesinos en octubre de 1997 en ese caserío del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste).
Sin embargo, su abogado dijo este sábado que «ninguna relación existe entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio con las funciones como senador de la República, las cuales empezó a desempeñar en julio de 2014, es decir casi 18 años después».
El proceso contra Uribe indaga de manera preliminar su supuesta implicación en la masacre debido a que varios testigos afirmaron haber visto un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que realizaba vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la matanza.
Según sus abogados, «el proceso debe regresar a la Fiscalía en donde se venía adelantando la investigación hasta antes del año 2014, fecha en la cual, en razón de la posesión de Álvaro Uribe Vélez como senador, se remitió a la Corte Suprema de Justicia».
«Vemos con sorpresa que el 19 de agosto, fecha en la cual ya era pública la renuncia de Uribe, (la Corte) nos comunicó un auto del 14 de agosto en donde decide dar impulso procesal a dicha actuación», agregó Granados.
La masacre de El Aro, al igual que otras a las que Uribe ha sido vinculado, fue declarada como crimen de lesa humanidad por lo que no tiene prescripción.
EFE
