La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de dar otro paso clave con miras a resolver la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está envuelto desde 2008 en un proceso por supuesta manipulación de testigos. El magistrado César Reyes, instructor del caso, radicó ponencia y en la próxima sala, programada para este jueves, empezará la discusión del documento junto con los otros cuatro togados.
Los magistrados deberán decidir si se el expediente se archiva o si se avanza con un llamado a jucio contra el exmandatario y, en caso tal, si se requiere imponer alguna medida de aseguramiento. Por cuenta de ese expediente, derivado de una decisión previa, el senador Uribe debe dar aviso a la Corte cada vez que vaya a salir del país.
La ponencia presentada por Reyes hace un recuento minucioso de las labores investigativas adelantadas desde que el expediente quedó en manos de este magistado, frente al cual el propio Uribe ya rindió indagatoria, así como el polémico abogado Diego Cadena, recientemente imputado por la Fiscalía por los mismo hechos.
Reyes también ha escuchado la versión de una decena de comparecientes, entre ellos varios exparamilitares, que aseguran que el abogado Cadena los contactó en prisión y les ofreció prebendas a cambio de rendir testimonios que favorecieran al expresidente Uribe.
La ponencia es voluminosa y seguramente tomará varias semanas de discusión. Sin duda, el punto más trascendental es la eventual medida provisional de cara a un llamado a juicio al expresidente. Si se avanza en ese sentido, se trataría de un escenario nunca visto en la historia contemporánea del país.
El magistrado ponente, además de escuchar testimonios, ha hecho inspecciones y ha analizado una serie de interceptaciones telefónicas que reposan en el expediente desde que la Sala Penal de la Corte Suprema decidió iniciar el radicado contra Uribe, cuando aún no había sido puesta en marcha la Sala de Instrucción que ahora conduce el caso.
La noticia de la esperada ponencia surge apenas un día después de que el abogado Diego Cadena fuera imputado por la Fiscalía por los cargos de fraude procesal y soborno a testigos. Se trata, en esencia, de los mismos hechos por los que está siendo procesado Uribe ante la Corte Suprema, pues los supuestos testigos fabricados fueron testimonios obtenidos por Cadena y que terminaron en el antiguo expediente en el que la Corte investigaba al senador Iván Cepeda por una denuncia de Uribe contra este. Como se sabe, el «resuelve» de esa denuncia invirtió los papeles: Cepeda pasó de denunciado a víctima, mientras que Uribe dejó de ser denunciante y empezó a ser investigado. El quid del asunto fueron los testigos que aportó el abogado Diego Cadena
Los magistrados que deberán discutir el proyecto de providencia son: Marco Antonio Rueda, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez y Francisco Javier Farfán Molina. La magistrada Cristina Lombana, luego de toda una batalla judicial, fue apartada de este expediente en virtud de que cuando asumió la magistratura también era militar activa, lo cual le creó un conflicto de intereses.
Como son cinco los magistrados llamados a decidir, no se requiere la presencia de un conjuez. La discusión será larga y profunda, pues al fin de cuentas se trata del caso de mayor resonancia en el ámbito jurídico y político de las últimas décadas.
Tomado de Revista Semana
