Además de notificarle al Inpec y al Senado la imposición de medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe –dentro del proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal–, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema se ha tenido que ocupar de otro impacto de este proceso.
Se trata de la avalancha de tutelas que empezaron a instaurar uribistas buscando revocar la decisión, que incluyó la detención domiciliaria del exmandatario.
En efecto, aunque la defensa de Uribe es clara en que no apoya la ‘tutelatón’, el diario El Tiempo estableció en primicia que el viernes ya habían llegado 264 acciones de tutela instauradas en diferentes juzgados del país. Además, que despachos judiciales ya notificaron que hay 200 más en camino.
Una de ellas fue instaurada por el representante a la Cámara del Centro Democrático Edward Rodríguez, quien asegura que se trata de una “iniciativa cívica de ciudadanos” que están viendo vulnerado su derecho a ser representados por Álvaro Uribe en el Congreso.
“Si ese es su caso, acuda ante un juez constitucional para que tutele en su derecho y de esta manera se garanticen sus derechos fundamentales”, dice Rodríguez, quien le confirmó al diario El Tiempo que ya presentó su tutela.
La Corte tiene un plazo de 48 horas para responderlas y, a partir de ese momento, cualquier juez puede fallar en los siguientes 15 días.
“Ese no es el mecanismo idóneo y es un desgaste para la administración de justicia, y mucho más en estos momentos”, aseguró el penalista Jaime Granados, punta de lanza de la defensa de Uribe ante la Corte Suprema.
Antecedente petrista
Sin embargo, se estima que al final de esta semana el número de tutelas aumente, ya que, además de las acciones contra la sala de Instrucción –que tomó la decisión contra Uribe–, pueden haber otras en contra de los 5 magistrados que firman la providencia, incluido el magistrado Francisco Farfán, quien hizo una aclaración de voto que aún no se conoce.
El diario El Tiempo estableció, a través de un puñado de accionantes, que el argumento que más se repite es el de la vulneración de la representación al “derecho a elegir”.
Consideran que al ser Uribe suspendido del Senado, sus votantes pierden el derecho a ser representados por quien eligieron.
La Corte no se ha pronunciado sobre las tutelas que le están llegando. Pero se sabe que, de manera estratégica, en los alegatos de las acciones instauradas hay otros argumentos, lo que va a obligar al alto tribunal a contestar las tutelas una a una.
Ya hay jurisprudencia
Esta modalidad de ‘apoyo’ judicial se conoció en 2013, luego de que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15 años, por irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de Bogotá, cuando se desempeñó como alcalde.
En ese momento se instauraron cerca de 1.500 tutelas en las que ciudadanos se declaraban afectados por la medida y alegaban desde el respeto a su elección popular hasta vulneración a los derechos de la mujer.
En el caso de Petro –que ahora está pidiendo respeto a las decisiones de la justicia–, la Corte Constitucional le puso fin a la estrategia, manifestando que el agenciado (Petro) podía asumir su defensa.
Además, la Sala de Revisión de tutelas del alto tribunal agregó que la sanción (en su caso disciplinaria) de quien tiene un cargo de elección popular no afecta por sí misma el derecho a la participación de quien votó por él.
Y si bien la defensa de Uribe rechaza la iniciativa, en el abanico de posibilidades jurídicas que estudia para ejercer la defensa del exmandatario están desde la acción de tutela hasta las veedurías, pasando por instancias del orden internacional. Declinaron usar el recurso de reposición alegando que la Corte le ha violado a Uribe varios derechos y no hay garantía de objetividad.
Tomado de El Tiempo
