San José, 16 de mayo de 2024.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este jueves a El Salvador por la desaparición forzada de la activista Patricia Cuéllar, la de su padre Mauricio Cuéllar, y la de su colaboradora Julia Pérez, ocurridas en 1982 en un contexto de persecución estatal a grupos que consideraba subversivos.
«La Corte considera que el Estado es responsable por la sustracción y posterior desaparición forzada de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, sin que a la fecha se tenga noticias de su paradero, y que esta desaparición es atribuible al Estado», indica la sentencia.
Patricia Cuéllar, una activa colaboradora de movimientos cristianos desde 1975, desapareció el 28 de julio de 1982 cuando salió a dejar a sus hijos a una guardería, y ese mismo día su padre y la colaboradora doméstica fueron supuestamente sacados violentamente de su casa.
«Un día antes de su desaparición, la señora Cuéllar Sandoval acudió a la Oficina del Socorro Jurídico para denunciar la persecución por parte de cuerpos de seguridad vestidos de civil mientras se desplazaba en su vehículo por las calles de San Salvador», agrega el texto.
La CorteIDH determinó que «las amenazas que previamente había recibido provocaron que la señora Cuéllar Sandoval renunciara a su puesto en la Oficina del Socorro Jurídico Cristiano dos años antes de su desaparición» y que esas amenazas continuaron en los años posteriores.
La CorteIDH estableció que Cuéllar Sandoval fue víctima de «amenazas y hostigamientos que culminaron con su desaparición, sin que el Estado cumpliera con su obligación de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos».
El Estado violó el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación de Patricia Cuéllar al impedir su labor de promoción, defensa y denuncia en el ámbito de los derechos humanos, indica la sentencia.
Los jueces también determinaron que el Estado violó su obligación de realizar con debida diligencia una búsqueda seria, coordinada y sistemática de las víctimas, hasta que se determine con certeza su suerte o el paradero; violó el derecho a conocer la verdad, el de la integridad personal, el de la protección de la familia y los derechos de la niñez, en perjuicio de los familiares de los desaparecidos.
La CorteIDH valoró positivamente el reconocimiento parcial de responsabilidad que hizo el Estado durante el trámite del caso y ordenó una serie de reparaciones.
Entre las órdenes del tribunal internacional destacan que el Estado deberá continuar las investigaciones penales en curso a fin de esclarecer lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos.
El Estado también deberá continuar con las acciones de búsqueda de Patricia Cuéllar, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, «de forma rigurosa» con el fin de «determinar, a la mayor brevedad posible, el paradero de las víctimas o la identificación de sus restos mortales».
Además, el Estado salvadoreño deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas, y adoptar medidas para que se garantice la permanencia de las comisiones de búsqueda de las personas que desaparecieron en el conflicto armado interno.
La CorteIDH también ordenó a El Salvador incorporar al currículo del Sistema Educativo Nacional, en los niveles educativos medio y superior, un programa de educación permanente sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad cometidos por ambos bandos antes y durante el conflicto armado.
EFE