San José, 26 de septiembre de 2022.- Costa Rica consiguió reducir significativamente el embarazo adolescente en las últimas dos décadas, pero aún debe seguir avanzado en acciones de prevención que involucren a diversos actores de la sociedad, informó este lunes el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Datos publicados por el organismo en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, indican que en 2000 Costa Rica registró, en promedio, 12 nacimientos por semana en niñas de 14 o menos años de edad, mientras que para 2021 la cifra bajó a 3,8 nacimientos.
En 2000 estos nacimientos representaron el 0,8 % del total de nacimientos en el país y para el 2021 al porcentaje se redujo al 0,4 %.
En cuanto a las adolescentes entre 15 y 19 años, en 2000 se registraron en promedio 44 nacimientos por día, mientras que para 2021 el número bajó a 13.
Para 2021, los nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años equivalieron a un 8,9% de los nacimientos totales, número que para 2000 era de un 20,5 %.
“Hemos avanzado como país pero todavía no hemos llegado a la meta. Las acciones de prevención y de atención deben involucrar a las familias, comunidades, organizaciones sociales, instituciones y sector privado. Debemos mejorar la forma en que nos comunicamos con las personas adolescentes, los medios desde los cuales construyen su conocimiento para la vida y la socialización», dijo el jefe de la oficina de Unfpa en Costa Rica, Juan Luis Bermúdez.
El representante agregó que también existe el desafío de «abrir más oportunidades para las adolescentes que ya se enfrentan al reto de la maternidad para que no se vean obligadas a renunciar a sus planes y sueños”.
Otro de los desafíos para la sociedad costarricense es el de combatir la violencia en la atención de salud y la violencia obstétrica en el momento del parto de las adolescentes, explicó Unfpa.
En Costa Rica se aprobó en 2017 la Ley contra Relaciones Impropias, que prohíbe las relaciones entre menores de entre 13 y 15 años con adultos que les lleven cinco años o más, así como las relaciones de menores entre los 15 y 18 años con adultos que tengan siete o más años que ellos.
El castigo por infringir esta ley es de prisión de tres a seis años en el primer caso y de dos a tres años en el segundo, siempre que no constituya delito de violación.
Además, la ley prohíbe la inscripción de matrimonios que incluyan a personas menores de edad o los matrimonios entre personas adoptadas y sus tutores o descendientes.
EFE
