Nuevamente se presenta lo que ya es cotidiano en Antioquia y el resto del país: la captura de funcionarios públicos pertenecientes a organismos de seguridad, investigación, dependencias municipales y departamentales, por trabajar de la mano con el crimen organizado. Pasa en Barranquilla, Bogotá y hoy le tocó a Medellín.
Antioquia está en el epicentro del escándalo de la corrupción. Está plagada de nómina paralela y de protección oficial hacia La Oficina y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ahora llamadas Clan del Golfo. No obstante, los mandatarios municipales y departamentales parecen no fijarse en el tema; saben que las estrategias de seguridad diseñadas no están funcionando porque están infiltradas y nada hacen para cambiar la situación.
Desde la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano venimos denunciando que esta infiltración en la institucionalidad. La existencia de la nómina paralela es un hecho, hoy comprobado en la Sijín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y en la Unidad de Víctimas; las capturas recientes de sus funcionarios son las pruebas. Lo paradójico es que, aun así, nadie de la institucionalidad escucha y no consienten –o actúan en concordancia– para cambiar el escenario oscuro que se está presentando.
Qué algunos funcionarios públicos estén metidos en la nómina criminal es grave, pero que quienes dirigen los destinos del Valle de Aburrá y del resto de Antioquia lo sepan y no hagan nada realizar por neutralizar esta situación, es mucho peor.
Ya va siendo hora de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el de Bello, César Suárez; y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se pregunten si están infiltrados por la criminalidad. Que busquen con seriedad una respuesta. Que encuentren que la respuesta es Sí. Las mafias, los paramilitares y los carteles de corrupción hace rato cooptaron la institución. Pasen a la segunda pregunta: ¿Ahora qué vamos a hacer?
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