Defensoría del Pueblo emite alerta temprana n.° 032-2020 sobre situación de violencia en la ciudad
Las comunas 7 (Robledo), 8 (Villa Hermosa), 10 (La Candelaria), 12 (La América), 13 (San Javier), 15 (Guayabal) y 16 (Belén) hacen parte de la alerta temprana que ha publicado la Defensoría del Pueblo en razón de la situación de violencia que atraviesa la ciudad y que se ha agudizado en los últimos meses.
El documento advierte sobre el riesgo latente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes como las principales víctimas de homicidios en los dos últimos años; además esta población juvenil está siendo vinculada y utilizada por grupos armados no estatales. El organismo público advierte también del riesgo que corren líderes y lideresas sociales y quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos, pues han sido víctimas de constantes amenazas que censuran la labor que desempeñan en las comunas.
Como ya había sido mencionado por la Agencia de Prensa Análisis Urbano, otro de los sectores en situación de riesgo es el transporte público y el comercio formal e informal; la vacuna —como ha sido llamada popularmente la extorsión—, al igual que las amenazas permanentes a quienes se nieguen a pagarla, son el diario vivir de las comunidades.
En la alerta temprana la Defensoría del Pueblo menciona su preocupación por el aumento de homicidios, la violencia sexual e intrafamiliar contra las mujeres y la intensificación de los feminicidios, al igual que la violencia sexual e intrafamiliar.
La Defensoría del Pueblo ha caracterizado la presencia de 140 actores armados del crimen organizado en todo el Valle de Aburrá, evidenciada en el control territorial y que actúa como un generador de riesgos contra el derecho a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los habitantes de la ciudad.
Muchos de estos grupos llevan más de 40 años de trayectoria criminal, se transforman y mutan fácilmente y se han arraigado a las bases sociales de los barrios. Es de anotar que frente al número de bandas que hacen presencia territorial, armada y control social en buena parte del Valle de Aburrá, la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano han demostrado que en Medellín existen unas 350 bandas, la mayoría de ellas sirven a la Oficina del Valle de Aburrá, otras son independientes y algunas están vinculadas directamente con las AGC o Clan del Golfo.
Los hechos ocurridos en las comunas 7, 8, 10, 12, 13, 15 y 16 tienen como base el control territorial por parte de grupos armados del crimen organizado. La consolidación del poder militar, económico y social han convertido a la ciudad en un territorio clave en la estrategia paramafiosa de las bandas de la Oficina del Valle de Aburrá —conocida también como la Oficina de Envigado— y de las AGC, dejando en claro que las bandas independientes tienen una forma similar de actuación al resto de organizaciones criminales que actúan en esta subregión.
Sin embargo, reconociendo la importancia de la alerta temprana, la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano ven que esta se queda corta en demostrar el poder criminal existente en la ciudad metropolitana, fundamentado en el relacionamiento entre legalidad e ilegalidad, además de una robusta nómina paralela que otorga la protección oficial a las actividades criminales y de que no se habla de los tentáculos y amarres que hay con el crimen trasnacional con rostro mexicano y brasileño, entre otros.
A esto le sumamos los altos niveles de pobreza, marginalidad y miseria que vive buena parte de la población que habita la ciudad metropolitana, agudizándose aún más con la pandemia del coronavirus que ha traído la cuarentena con hambre
AT N° 032-2020 ANT-Medellín by Luis Fernando Quijano Moreno on Scribd
En este punto de la contingencia en salud se puede relacionar la importancia de los «planes sociales» que están siendo aprovechados por estas estructuras criminales para ganarse la lealtad de las comunidades que, a lo largo de la historia política de la ciudad, no encuentran una atención integral por parte del Estado.
Tenemos que decir que la institucionalidad local y el poder real de la ciudad han buscado invisibilizar la cruda realidad que por décadas ha padecido Medellín o, en otras palabras, ocultar la pobreza extrema, el poder del crimen urbano y rural y la participación de sectores legales en el negocio ilegal.
No ha existido tampoco voluntad de la justicia para desenmascarar esos poderes enquistados en lo político, económico y criminal de la ciudad. Mientras tanto, esta seguirá padeciendo los designios de ese control, los homicidios seguirán en aumento, los desplazamientos pasarán por debajo de las gavetas de los funcionarios públicos, la violencia sexual continuará siendo parte del paisaje, el reclutamiento será una campaña sin fin y la ciudad estará, como desde hace más de 40 años, en manos de la criminalidad organizada con el beneplácito del poder formal y real que la controla. ¿Cambiará Daniel Quintero la tradición oscura que arropa a Medellín?
