La denuncia es recurrente, pero cuando se toman medidas, estas son poco efectivas. En la comuna 16, Belén, y el corregimiento Altavista, los bandidos siguen cobrando extorsión, conocida como “vacuna”, que no es otra cosa que un impuesto ilegal para que los delincuentes presten vigilancia a los comerciantes y estos no sean víctimas de los ladrones, es decir, de quienes los cuidan; de ellos mismos.
Denunciar no es tan efectivo, porque, inexplicablemente, los bandidos se enteran primero de la denuncia del comerciante y este termina muerto en la mayoría de los casos y desplazado en otros muchos.
Tanto el Gaula como la Policía y la Fiscalía coinciden en que la denuncia es de suma importancia para acabar con este flagelo, pero la gente tiene miedo.
Y ese miedo es aprovechado por los ilegales para seguir cobrando el “impuesto” con el que financian sus guerras urbanas.
Belén y Altavista son los mejores ejemplos de cómo los bandidos desangran a la comunidad que impotente sigue contribuyendo a sus fechorías con dinero honrado y bien habido, por temor a ser víctima de un hurto, un desplazamiento o un homicidio. Las autoridades lo saben, pero no pasan del discurso del “denuncie, es que si no denuncia, los criminales ganan”.
Lamentablemente, así es.
Comerciantes, en una encrucijada
Esto es lo que sucede hoy (se escribe este artículo el 12 de mayo de 2018), en los límites entre Belén y Altavista, según indagaciones realizadas por investigadores de Análisis Urbano y Corpades.
Los habitantes solo pueden comprar huevos en las tiendas que digan los bandidos. Los huevos son comprados por los grupos ilegales a los distribuidores, que no pueden hacer entregas en las tiendas, es decir, los ilegales interceptan al distribuidor, le compran los huevos y ellos se encargan de hacerlos llegar a las tiendas.
Si el distribuidor se niega, le prohíben seguir suministrando los huevos, no sin antes robarle la mercancía.
Con las arepas es igual. Solo se puede vender en negocios una clase de arepas: la que digan “los de la vuelta”, como le dicen a los criminales. Y el precio de venta al público lo ponen ellos. Si el habitante es sorprendido llevando en una bolsa alguna arepa que compró en un supermercado, se la quitan y lo amenazan.
Las peluquerías y barberías están obligadas a pagar una multa mensual de $500.000. No hay pelo pa’ tanto moño. Muchas de ellas han tenido que cerrar.
Esto ocurre en los barrios Zafra (sectores Sucre, El Tanque, Montenegro, Cantarranas), Buenavista (sector Los Choleos, Los Alpinos y Las Brisas), bajo el dominio de los hermanos Arango Tejada, recluidos todos en la cárcel. Sus coordinadores son alias Juancho Tanque, alias Diego Piquiña, alias Diego Pájaro, alias El Negro o alias José, alias Jorge, alias Viviana, alias Calocho, alias El Mico y alias Fofó.
Asimismo, el sector construcción se ve afectado. Adobes, arenas, cemento, varillas y todo lo relacionado con el ramo es cargado con el impuesto ilegal.
Igualmente, las máquinas traga monedas son un buen ingreso, porque son de ellos, de los bandidos, y cuando no, le cobran impuesto al propietario.
Parquear motos y vehículos en las calles de los barrios pobres tiene un costo. Ni hablar de las riñas y de toda clase de alteración del orden público, gravado con multas de entre 300 y 600 mil pesos.
El cobro al comercio de abarrotes es semanal e incluye un mercado. Los venezolanos también tienen que pagar el impuesto. “Se lleva un control del número de venezolanos que ingresan a los barrios y se les cobra por puesto de comidas rápidas o venta ambulante un promedio mensual de 300 mil pesos.
Allí no termina todo. Si a un vendedor de perros o hamburguesas o cualquier comida rápida se le agota un producto, delegados de los Chivos-Pájaros son quienes lo consiguen al precio que ellos digan y deben pagar por el domicilio.
Si al vendedor ambulante se le acabó el plante y el dinero, o a cualquier persona de ese barrio o del corregimiento, ellos les prestan plata sin fiador y se cobran con bienes inmuebles con la vida. La modalidad es por todos conocida: Pagadiario, gota-gota o plata al 20%.
En esa zona suroccidental se tiene conocimiento de decenas de personas que han perdido sus inmuebles y los obligan a firmar el traspaso de sus propiedades para cubrir el pago de las deudas.
Con libreta en mano, celular y papeles de traspaso llegan emisarios de los hermanos Arango Tejada o alias La Madrina y exigen la entrega de los bienes y un plazo perentorio para su entrega.
Señores de la Alcaldía de Medellín, eso pasa con frecuencia en la comuna 16 y en el corregimiento. Y sin ninguna duda lo afirmamos, sucede en el 90% de la ciudad de Medellín y sus municipios circundantes.